El Eurodiputada denuncia que el sistema, que propone reemplazar el sistema de oposición tradicional con un curso de posgrado gratuito de dos años, con el examen final y la adjudicación de lugares según la nota obtenida, podría socavar Principios básicos de la UE Como igual acceso al empleo público, transparencia, objetividad e imparcialidad, como se indica en el artículo 15.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Además, Montserrat enfatiza, este nuevo modelo puede ser una segmentación de facto entre graduados con la misma calificación académica y podría obstaculizar la transparencia y la comparabilidad en el marco europeo de calificaciones (EQF).

«El CE tiene que analizar, desde el punto de vista de la Directiva 2005/36/CE, que el nuevo proceso podría crear una barrera estructural para fines de movilidad, ya que la calificación académica no se traduce directamente en una experiencia profesional pública reconocible en otros Estados miembros. Además, iría en contra de la comparabilidad y la portabilidad profesional dentro del espacio económico europeo », ha considerado La eurodiputada.

Las alertas de Montserrat, además de este nuevo modelo, podrían abrir la puerta a las prácticas favoritismo o nepotismoAl eliminar los mecanismos de evaluación anónimos y separarse de los criterios estrictamente meritocráticos, que, según él, podría tener efectos discriminatorios indirectos, en posibles contradicciones con la Directiva 2000/78/CE sobre el mismo empleo y los principios de la buena administración establecida en el artículo 41 del mismo Carter.

«Las organizaciones de jueces y fiscales han visto un grave peligro porque tiene la intención de reemplazar los procesos selectivos, exigentes e imparciales actuales, por los procesos de cartas que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que implica una interferencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia», también enfatizará Montserrat.

Finalmente, le pide a la Comisión que evalúe si este sistema afecta el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales y dificulta la movilidad laboral dentro del espacio económico europeo, dado que el acceso al empleo público en España podría depender de una capacitación interna no aprobada o reconocida formalmente a nivel europeo, en un posible conflicto con la Directiva 2005/36/CE.