«Regularizar a los presos es proteger las raíces que mañana bloquearán su expulsión.» Con estas palabras ha resumido el la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, el nuevo movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la regularización de inmigrantes en España.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, han dado instrucciones a las cárceles del país para que Facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros.

La eurodiputada popular también precisó que, si bien los antecedentes policiales no excluyen directamente la regularización, el decreto establece expresamente que la Administración deberá valorarlos para valorar el riesgo para el orden público.

«No es descabellado pensar que alguien que está en prisión preventiva lo esté», argumentó, cuestionando la idoneidad de aplicar esta vía a perfiles de esa gravedad.

Ezcurra ha ido más allá al alertar de las consecuencias a largo plazo: si llega una condena después de la regularización, expulsarlos sería «mucho más difícil».

Tanto la expulsión administrativa (artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería) como la expulsión judicial (artículo 89 del Código Penal) requieren la consideración del arraigo, y «En este país, la residencia legal construye». Así, regularizar a los presos equivaldría a «blindar» ese arraigo para luego bloquear su salida del país.

Hay que recordar que el sindicato TAMPM ya había denunciado la «rapidez» del Gobierno en medidas que benefician a los internos ante el «silencio sistemático» ante sus reivindicaciones laborales, como la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

La carta de la Administración Central llega después Más Madrid habría presionado al respecto en el Congreso de los Diputados exigiendo el acceso a estos procedimientos incluso en el CIE, advirtiendo de disfunciones que vulnerarían la seguridad jurídica.