Partido Popular y Vox se vuelven a abrazar apenas 48 horas después de las elecciones extremeñas. Lo han hecho en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el alcalde José Luis Sanz (PP) y la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, han firmado el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026.

A cambio de los votos de los de Santiago Abascal, Los ‘populares’ asumen sus postulados sobre inmigración y cambio climático, acordando «reforzar» los controles del registro municipal para «evitar la inscripción de inmigrantes ilegales» y flexibilizar las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja, que no se aplicarán «mientras no se produzcan niveles de contaminación por encima de lo establecido».

Estas dos medidas fueron las condiciones que pusieron Vox para reeditar el acuerdo de presupuestos de 2025 y Sanz, una vez superadas las elecciones en Extremadura y el consiguiente impacto negativo en las urnasNo ha dudado en sumarse a la extrema derecha. Lo ha hecho alegando que el pacto «No supera ninguna línea roja ni infringe ninguna ley.De hecho, ha asegurado que se trata de «un acuerdo que se centra fundamentalmente en la gestión y se aleja de la ideología» pese a ser dos pilares del programa político de Vox.

El PP renuncia a exhumar la tumba franquista más grande de Sevilla

Junto con el acuerdo presupuestario, El Partido Popular ha paralizado la recepción por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la ayuda de 200.000 euros concedida por el Gobierno para la exhumación de la fosa Monumento del cementerio de San Fernando, el mayor entierro común con víctimas del franquismo. pendiente de apertura en Sevilla.

Con estos fondos, el Ayuntamiento que preside José Luis Sanz podría haber iniciado las tareas de exhumación al ser propietario del terreno. Sin embargo, el Gabinete de Sanz ha optado por no poner en marcha estas obras, que según el calendario acordado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento, deberían concluir en 2029.

Esta decisión de Sanz ha provocado que Duras críticas de la Federación Andaluza de la Memoria Democráticaque asegura que la decisión de Sanz representa «un incumplimiento flagrante del protocolo firmado para realizar los trabajos de exhumación e identificación«y una ofensa a las víctimas de la dictadura franquista.

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