El Principado prevé anunciar hoy sus ayudas a familiares de accidentes mortales desde 2025, lo que compensará a los parientes del siniestro minero de Degaña
El Gobierno regional anunciará hoy la puesta en marcha de ayudas extraordinarias para las familias de víctimas de accidentes laborales, una medida especialmente dirigida a las familias de los fallecidos en el siniestro minero de marzo del pasado año en Cerredo (Degaña). Fuentes próximas al Gobierno aseguraron que se trata de una medida dirigida a «todo tipo de accidentes laborales» y que será «una iniciativa pionera en España, acorde con las medidas puestas en marcha por el Principado para frenar la siniestralidad laboral». Además, serán compatibles con el resto de indemnizaciones que puedan recibir las víctimas.
[–>[–>[–>La medida se planteará en la reunión prevista para esta mañana del Consejo de Gobierno, aunque anoche el Ejecutivo aún no podía confirmar qué fórmula emplearía ni si el acuerdo quedaría cerrado en el cónclave del Gobierno autonómico. En todo caso, la voluntad del Principado de establecer las ayudas es firme y su concreción será cuestión de horas o días.
[–> [–>[–>El Ejecutivo pisa así el acelerador después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase este domingo un amplio reportaje con las familias de cuatro de las cinco víctimas mortales del accidente minero de Cerredo, en el que expresaban su sensación de abandono y reclamaban una fórmula de compensación dado que las opciones de cobro de indemnizaciones están sujetas a un largo proceso judicial.
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Las familias consideran también que la administración debe asumir responsabilidades por no haber detectado ni evitado una actividad ilegal de extracción de carbón en Cerredo que se llevaría produciendo durante al menos tres años.
[–>[–>[–>Aunque el Ejecutivo ya había anunciado su voluntad de establecer unas ayudas generales para las familias de fallecidos en accidentes mortales, los ritmos se precipitaron desde la tarde del domingo (día en que este periódico publicó el reportaje con los familiares de las víctimas de Cerredo). De hecho, la intención era aprobar ayer mismo las ayudas, pero los ajustes jurídicos llevaron a aplazarlo a hoy,
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No obstante, a última hora de ayer aún no estaba clara la fórmula final de ayudas que empleará el Ejecutivo. Pese a no tener aún resueltos los detalles, el Ejecutivo celebró ayer un Consejo de Gobierno (que no fue anunciado en la agenda oficial) para emitir un criterio desfavorable a la fórmula de adelanto de ayudas que la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé tramitaba en la Junta General. El informe del Ejecutivo argumenta falta de base competencial y vulneración del principio de igualdad en la fórmula planteada por Tomé, que consistía en adelantar dinero a cuenta de las indemnizaciones por responsabilidad civil que recibiesen las víctimas tras el juicio por el accidente.
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[–>Fuentes de IU recalcaron que Ovidio Zapico se mostró contrario al rechazo del Gobierno a la fórmula planteada por Tomé. De hecho, el socio minoritario del Gobierno consideraba que era mejor opción buscar un acuerdo parlamentario para compensar a las víctimas, con un reconocimiento de responsabilidad de la administración antes que enfangarse en la elaboración de una norma genérica para todas las víctimas mortales de accidentes laborales por parte de un gobierno espoleado por la urgencia.
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No es esa la posición de la parte socialista del Ejecutivo, mayoritaria en el Gobierno. El PSOE argumentará que la nueva norma responde a una sensibilidad ya expresada por el Ejecutivo respecto a la siniestralidad laboral y que incluso las compensaciones fueron esbozadas en acuerdos con los sindicatos. Además, señalará que el año 2025 fue especialmente trágico en accidentes laborales, con 22 víctimas mortales, la cifra más alta en ocho años. De hecho, siete de esos 22 fallecidos en accidentes laborales estaban vinculados a la actividad minera de carbón (cinco en Cerredo más dos en Vega de Rengos).
[–>[–>[–>Con todo, la fórmula que empleará el Ejecutivo aún estará incompleta, ya que dejaría fuera a la familia del fallecido y al herido en el accidente de 2022 en la mina de Cerredo, en el que quedó ya constatado que la empresa extraía carbón ilegalmente, igual que volvió a ocurrir en 2025. Retrotraer las ayudas hasta 2022 ha sido una condición marcada por Izquierda Unida, por lo que el Ejecutivo se plantea que ese añadido se produzca en el trámite parlamentario de la norma de ayudas, como algo excepcional.
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Todos esos condicionantes complican el andamiaje jurídico de las ayudas, admiten las fuentes consultadas. En cualquier caso, el Gobierno resalta que sus ayudas constituirían un planteamiento inédito en España y que no interferiría con las indemnizaciones que los damnificados por accidentes laborales puedan recibir por otras vías.
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La respuesta que aprobará de manera inminente el Ejecutivo se produce después de que la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de Cerredo, propusiese en su borrador de conclusiones un adelanto de indemnización a las familias de los fallecidos en la tragedia minera.
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A raíz de este planteamiento, un año después de la tragedia, el Ejecutivo señaló las dificultades legales de la fórmula planteada por Tomé, que consideraba inviable. Pero en medio de una dura crítica del resto de partidos, incluido IU, el PSOE terminó por activar una fórmula de compensación que ya el Ejecutivo había sopesado dentro de las medidas contra la siniestralidad laboral.
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El Gobierno se fija en estas ayudas en otras llevadas a cabo por distintas comunidades autónomas, pero busca evitar que se entiendan como una asunción de responsabilidades por el accidente de Degaña, pese a que los informes internos de la Administración reconocieron las deficiencias del servicio de Minas, encargado de velar por la legalidad en la explotación de Cerredo.
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Una de las referencias para el Ejecutivo son las ayudas que el Gobierno de Galicia ha establecido en diferentes años para las familias de los marineros muertos en accidente marítimo.
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Esta iniciativa de la comunidad vecina, aplicada en años sucesivos, se establece como una ayuda que cuenta con una convocatoria, por lo que deben ser los afectados quienes la solicitan.
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En este caso se trata de una ayuda de 3.000 euros con el objeto de cubrir las necesidades de las familias en los primeros momentos tras el fallecimiento y mientras se realizan los trámites con los seguros. Sin embargo, en el caso de Cerredo, las familias se enfrentan a un largo proceso judicial al haber una causa penal contra el empresario ya que operaba sin licencia. n
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