El uso de vapeadores entre menores en España se ha convertido en un Preocupación creciente tanto para las familias como para las autoridades sanitarias. Sin embargo, más allá de la alarma social, cada vez son más las voces, dentro y fuera del sector, que coinciden en un diagnóstico claro: el problema no es el producto, Este es un acceso incontrolado.

Según la Unión de Promotores y Empresarios del Vaping (UPEV), el aumento del consumo juvenil coincide con la liberalización del canal de venta. Los datos de Sigma Dos lo confirman: mientras que en 2021 los dispositivos de vapeo solo se vendieron en tiendas especializadas, la incidencia entre menores apenas alcanzó el 0,25%. Desde 2023, con venta libre en bazares, gasolineras, peluquerías o plataformas digitales, el porcentaje supera el 3%. Al mismo tiempo, más del 64% de los consumidores españoles considera que restringir la venta a establecimientos especializados Esta es la mejor manera de evitar el acceso de menores.

Acceso sin barreras que pongan en riesgo a los jóvenes

Hoy en día, cualquier menor puede comprar un vaporizador en tiendas no especializadas o a través de plataformas online en terceros países, sin ningún tipo de verificación de edad o control sanitario. Muchos de estos productos proceden de fábricas no reguladas, llegan sin cumplir las normas europeas y muchas veces declaran falsamente que no contienen nicotina.

Las investigaciones con cámaras ocultas promovidas por la UPEV han demostrado esta realidad: En muchos bazares se venden dispositivos a menores sin que nadie les pida identificación. Este circuito paralelo no sólo viola las normas, sino que también expone a los jóvenes a productos peligrosos e imposibles de rastrear.

Por otro lado, los circuitos legales, estancos y tiendas especializadas, están sujetos a estrictos controles: certificación de ingredientes, etiquetado sanitario, limitación de nicotina, trazabilidad del producto y verificación de edad. Aquí es donde, según la industria, debería centrarse la regulación si realmente se quiere proteger a los menores.

Familias en alerta

La preocupación social es obvia. Una encuesta de la UPEV realizada a más de 400 familias muestra que 9 de cada 10 padres temen que sus hijos utilicen vapeadores, y más del 93% cree que restringir su venta impediría el acceso a menores. Casi seis de cada diez familias optan también por la presentación del DNI en el punto de venta como medida de control.

Pese a ello, el proyecto de ley que se está elaborando actualmente no prevé medidas específicas para limitar las ventas gratuitas, lo que, advierte la UPEV, perpetúa el problema. El sector exige una regulación “justa y eficaz”, que distinga entre comercio legal y mercados no controlados, para garantizar la seguridad del consumidor y proteger la salud pública.

“Básicamente es una cuestión de sentido común, nadie quiere que los menores vapeen y por eso la asociación recomienda evitar medidas prohibicionistas que no solucionarán el problema”, explica Arturo Ribes, presidente de la UPEV. Por otro lado, la UPEV afirma que se deben poner en práctica medidas reales y efectivas para Regular la venta del producto para minimizar el acceso de menores.

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