Estos no fueron los únicos temas que suscitaron más de un expediente ya que fueron firmados por varios ciudadanos. Un total de 17 denuncias múltiples llegaron al Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, más del doble que en 2024, cuando se presentaron un total de ocho. Estos supusieron la apertura de 4.078 expedientes frente a los 219 del año anterior. La tercera denuncia múltiple más numerosa tiene que ver con el ámbito del empleo público. En este marco, 173 presentaron su denuncia sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de Técnico Auxiliar Educativo, técnico superior de Educación Infantil, Técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas; 52, sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería, y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de los trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Ambiente

El fatídico verano de incendios del año pasado también queda reflejado en el informe facilitado ayer por el Ministerio Fiscal. En relación con la protección medioambiental, el organismo abrió doce expedientes por el desacuerdo de la gestión municipal durante el incendio de Castrocalbón, mientras que «en la actividad de promoción» había otros 248 expedientes relacionados con la limpieza de fincas y solares por riesgo de incendios forestales en Marugán (Segovia) y otros doce sobre el mismo tema en el citado Castrocalbón.

También hay denuncias relacionadas con las consecuencias del incendio que destruyó parte de esta localidad leonesa en el área de Administración e Interior local. Las inconformidades con la publicación de cuentas municipales, información pública y deficiencias en el sistema de protección contra incendios, así como la ausencia de un Plan de Emergencia contra este tipo de catástrofes sumaron 48 expedientes. Finalmente, en el capítulo de denuncias múltiples, hubo 21 firmantes contra el sistema de protección infantil.

En total, la Fiscalía General tramitó el año pasado 6.410 expedientes, lo que supone un incremento del 182 por ciento respecto a los 2.273 tramitados en 2024. De esos más de 6.400 expedientes iniciados, un total de 2.206, fueron denuncias presentadas a petición de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y realizaron 143 actuaciones de oficio, según datos facilitados por la entidad, que encabeza Tomás Quintana.

Por provincias, León, en cuya capital se encuentra la sede de la Fiscalía Común, volvió a liderar el número de denuncias presentadas, con 524. Le siguieron Valladolid con 339; Burgos con 219; Palencia con 164; Ávila con 143; Salamanca con 139; Segovia con 114, mientras que a la cola se situaban Zamora con 110 y Soria con 77. Los datos relacionados con su procedencia se completan con 112 denuncias de personas de otras provincias extracomunitarias; tres presentados por firmantes de varias provincias; dos del extranjero y otros 260 que no reflejan domicilio ni provincia de procedencia, la mayoría de los cuales fueron tramitados electrónicamente.

En cuanto a los ámbitos temáticos sobre los que se recibieron 2.206 quejas, destacan los referidos a la Administración Local, es decir, a la organización y funcionamiento, así como a los servicios públicos que prestan las entidades locales, que acaparan el 22,85 por ciento de las quejas. Le siguen el área de Desarrollo, que incluye temas como obras públicas, transporte y sociedad de la información y el conocimiento, con un 13,42 por ciento; de Empleo Público, con 10,79; Sanidad y Consumo con 10,43; Medio Ambiente, (10,02%); Interior y Justicia (7,39); Familia, Igualdad de Oportunidades (6,71); Educación (5,67); Hacienda (4,62); Industria, Comercio, Empleo, Seguridad y Prestaciones Sociales (4,26); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (2,22) y, por último, Cultura, Turismo y Deportes (1,63).

Actuaciones de oficio

La estadística correspondiente al año 2025 se completa con la tramitación de 143 actuaciones de oficio -una menos que el año pasado- impulsadas por el Ministerio Fiscal y dirigidas, en algunos casos, a la Administración autonómica, a las diputaciones provinciales y a distintos municipios, generalmente los de mayor población, siempre sobre temas considerados «de interés» para «el ejercicio de los derechos ciudadanos». Así, como ejemplo, destaca «la especial atención» al suministro de agua potable en muchas localidades de Castilla y León, centrándose en el «control efectivo de los consumos, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales».

El informe detalla que también se ha actuado tras los graves incendios sufridos el pasado mes de agosto, impulsando actuaciones de oficio sobre la posible utilización de ganado como medio de prevención de incendios y sobre el mantenimiento de hidrantes, hidrantes y otros medios utilizados en el caso de declaración en el entorno urbano.

En materia de familia, igualdad de oportunidades y juventud, el Alto Comisionado de las Cortes actuó de oficio en relación con las condiciones térmicas en los colegios de Educación Infantil de León, la conflictividad y conductas violentas hacia el personal de los centros de menores de la Comunidad, la reserva de plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida en lugares próximos a los puestos de trabajo que desempeñan, las condiciones de accesibilidad de los vehículos del transporte público por carretera, los procedimientos de expedición y renovación del título de familia numerosa, así como por las «posibles deficiencias» en el funcionamiento de algunos residencias de ancianos.

En materia de salud, se abrieron acciones sobre la detección precoz de enfermedades raras mediante cribado neonatal, la determinación de criterios de prioridad en la especialidad de traumatología y la financiación por parte de las diputaciones provinciales de la dosificación personalizada de medicamentos en los municipios rurales. También hubo acciones en el ámbito educativo. Se centraron en determinar el horario lectivo en el mes de septiembre, los requisitos económicos para participar en el programa Releo Plus y la conversión de las calificaciones obtenidas por estudiantes de universidades públicas en centros extranjeros en programas de movilidad. Las deficiencias de varias vías provinciales y comarcales, así como las que presentaban las zonas de juego infantil en varias localidades, centraron otras actuaciones mientras que en materia de empleo público se actuó de oficio sobre la prestación del servicio en régimen de teletrabajo y sobre la adecuación de la jornada laboral.