el PSOE se queda solo mientras Barbón sigue con su agenda en México
El PSOE queda como el único partido del arco parlamentario que rechaza señalar responsabilidades políticas por los fallos en la Administración que rodearon a la gestión de las minas asturianas en el contexto en el que se produjo el grave accidente de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros de una empresa que extraía carbón ilegalmente sin que el Principado hubiese sido capaz de controlarlo. Y, además, con división interna para los socialistas, después de que el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, sí señalase esas responsabilidades en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo.
[–>[–>[–>La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del «caso Cerredo«, elevó la temperatura sobre la olla a presión que ya ha sido para los socialistas este asunto los últimos días. Además, con el presidente, Adrián Barbón, de viaje institucional en México. Tomé hizo públicas a media mañana las 64 páginas de su borrador de dictamen de la comisión, donde se establecen las conclusiones, responsabilidades y recomendaciones tras analizar más de 1.300 documentos y después de varios días de comparecencias. En su primera valoración sentenció: «El accidente de Cerredo no fue un accidente». El documento sostiene que la explosión de grisú en el piso tercero de la mina de Cerredo se produjo «en un contexto de irregularidades y fallos de control».
[–> [–>[–>Las conclusiones del informe provisional señalan que hubo antecedentes y alertas sobre el funcionamiento de la explotación; y cita expresamente la entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA con el superviviente del accidente previo, ocurrido en 2022. También refiere las advertencias de la guardería de Medio Natural. «Los indicios de actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente», señala el documento.
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Pero, al margen del relato de fallos y deficiencias en la Administración, la parte que ha desencadenado la tormenta política que ya venía gestándose fue el apartado en el que el texto señala «responsabilidades personales» y enumera a los tres exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. También al exviceconsejero Isaac Pola, y a tres funcionarios: dos del servicio de minas y uno de los servicios jurídicos.
[–>[–>[–>De todos los nombres mencionados, dos constituyen un serio problema para los socialistas: Nieves Roqueñí, que preside ahora el Puerto de Gijón, y Enrique Fernández, presidente de Hunosa. Su señalamiento, indicó Tomé, debería llevar «el cese de los cargos que ocupan».
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Esa será una de las batallas parlamentarias más duras de la negociación final del dictamen. En medios socialistas no se descarta incluso que el PSOE no respalde el texto final.
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[–>Más allá de las responsabilidades, el documento de la diputada Tomé desgrana cómo en Cerredo se culminó «una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y debió detectar y prevenir».
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El documento señala de forma clara que, en el momento del accidente, la mina se encontraba en fase de cierre y clausura, lo que implicaba la prohibición de cualquier actividad extractiva. Sin embargo, se desarrollaba una «actividad clandestina de extracción de carbón» al margen de la legalidad vigente. El informe indica que las labores mineras se realizaban sin cumplir condiciones básicas de seguridad, con ventilación inadecuada y si medidas de evacuación. Todo ello fueron, a juicio del documento preliminar, factores «determinantes» en la acumulación de grisú que provocó la explosión.
[–>[–>[–>Barbón, en México: el Presidente coordinó la respuesta en Asturias por el «caso Cerredo» pero no alteró su agenda
¡La sacudida política en Asturias al conocerse el borrador de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el «caso Cerredo» llegó al Presidente del Principado, Adrián Barbón, tras cruzar el Océano Atlántico, en varias llamadas telefónicas que rompieron la madrugada de la primera noche en México de la delegación empresarial que encabeza el jefe del Ejecutivo asturiano. Con el «jet lag» aún fresco, Barbón coordinó desde la distancia la respuesta inmediata del Gobierno asturiano, pero mantuvo intacta la agenda institucional ya establecida.La mañana mexicana arrancó para la delegación en el hotel Marquis Reforma, en una reunión de trabajo con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Posteriormente, Barbón se trasladó a la embajada española en México, donde el embajador Juan Duarte y su esposo Mick Daly ofrecieron una recepción con cóctel con motivo de la visita del presidente asturiano al país azteca. Barbón hizo notar al alto diplomático que en el mismo edificio donde se encontraron, en la colonia de Polanco, se celebró el último consejo de ministros de la II República Española, ya en el exilio. La embajada española se encuentra próxima a la gran sede del Centro Asturiano de Polanco, en la calle Arquímedes. Posteriormente, la delegación asturiana, con el presidente al frente, se reunió en la sede de Canacintra, la cámara de comercio mexicana más importante del sector industrial. El encuentro tenía por objeto la firma de un convenio con las cámaras asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés para fortalecer la colaboración entre las empresas de uno y otro lado del Atlántico. Barbón insistió en que los empresarios mexicanos deberían aprovechar la oportunidad para convertir a Asturias en una vía económica al mercado de la Unión Europea: «México tiene que saber que tiene en Asturias la puerta de entrada a Europa». La presidenta de Canacintra, Lulú Medina Ortega, expresó su deseo de que el encuentro fuera «el inicio de una serie de oportunidades y alianzas estratégicas».
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El borrador señala que Blue Solving, titular de la explotación, carecía de capacidad técnica y económica para gestionar la explotación y afirma que «no ha quedado acreditado» que cumpliera los requisitos exigidos por la normativa.
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El texto provisional concluye la existencia de fallos relevantes en la actuación de la Administración, en especial en materia de control e inspección. Y considera que los mecanismos de supervisión no fueron eficaces para detectar o frenar la actividad ilegal. El Principado, señala, ni siquiera exigió a la empresa el cumplimiento de condiciones administrativas impuestas, como la obligación de constituir garantías financieras para la restauración ambiental de la explotación minera en fase de cierre.
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El borrador de dictamen dedica una parte relevante a los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC). Esta figura jurídica ha sido cuestionada a lo largo de toda la comisión, y también por el informe elaborado por la Inspección General de Servicios.
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La empresa que operaba en Cerredo tenía autorizado, aunque no activado, un PIC que permitía la extracción de 60.000 toneladas de carbón, en una zona distinta de donde se produjo el siniestro, donde estaba prohibida la extracción al formar parte de las instalaciones en cierre. El borrador de dictamen señala que el PIC otorgado presentaba «serias dudas jurídicas y de compatibilidad», ya que resultaba contrario con el plan de abandono.
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Ahora se abrirá un plazo de diez días para que el resto de grupos parlamentarios presenten sus aportaciones. Sobre ellas, la comisión volverá a reunirse antes de discutir si esas propuestas se incorporan al dictamen final. Por último el texto se votará en comisión antes de elevarse a Pleno.
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