Estas medidas y otros mecanismos de protección a las víctimas deberán adoptarse una vez admitida a trámite la denuncia y como parte de una evaluación preliminar.

Sin embargo, fuentes del PSOE consultadas por este periódico evitan responder si la formación ha adoptado o no estas medidas de protección a las víctimas en el caso salazara pesar de que forman parte de las obligaciones recogidas en el protocolo antiacoso. «Hay que esperar al informe para decir qué medidas se han adoptado»ellos explican.

Pero lo cierto es que, según el propio protocolo, el informe lo elabora posteriormente un organismo independiente que luego se envía a la secretaría de la Organización, mientras se deben activar las acciones de protección. desde el momento en que se conocen los hechos.

El documento -negociado desde 2021 con los representantes de los trabajadores y validado por la Comisión Ejecutiva Federal- establece que el PSOE «se compromete a adoptar las medidas y mecanismos de protección necesarios […] que impidan que la situación de acoso continúe y cause un daño mayor a la víctima.

Estas medidas obligatorias incluyen también poner a disposición información sobre todos los recursos públicos disponibles en materia de protección judicial, administrativa o laboral. Todo ello deberá comunicarse por escrito al denunciante.

El protocolo también señala que cuando los hechos puedan constituir delito, deberán ser trasladados al Ministerio Público. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro SánchezAlegó hace unos días que el proceso judicial no podía ser activado por el partido, sino que debía ser llevado a cabo por la propia víctima.

Fuentes del PSOE se han limitado a subrayar que «se está siguiendo el procedimiento», sin precisar qué medidas concretas se han activado. Tampoco se ha confirmado si la denunciante ha recibido notificación oficial de las medidas de que dispone, tal como exige el documento interno.

Núcleo de protección

Estas medidas no son accesorios: Forman parte del núcleo del sistema de protección que el PSOE dice ofrecer para garantizar que los denunciantes puedan afrontar el proceso sin represalias y con suficiente apoyo institucional.

A ello se suma que, en respuesta a este periódico, el propio partido ha reconocido una «falta de diligencia en parte del proceso». «No hay que esperar al informe para ofrecer estas medidas. El PSOE ha pedido disculpas por ello, pero El protocolo funciona y se ha implementado«, sostienen.

El secretismo de Ferraz contrasta con el nivel de detalle procesal del protocolo, que describe plazos, fases y obligaciones, incluido el compromiso de contactar a las partes individualmente y acompañarles durante todo el proceso.

Hasta hace unas semanas, el partido se había negado a pronunciarse sobre el caso, asegurando que desconocía las denuncias contra francisco salazar.

La polémica se originó a principios de julio, cuando el exasesor de Sánchez iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de la Organización del PSOE por el Comité Federal tras el estallido de la Caso Cerdán.

Pero durante esa misma mañana se publicaron varias denuncias que provocaron que el propio Salazar renunciara a su nombramiento y renunciara como miembro del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha asumido públicamente «responsabilidad de primera mano» de los escándalos que afectan al Gobierno, aunque sin que ello se haya traducido en consecuencias reales para él.

El presidente lo calificó de «error» el hecho de que el partido no haya tramitado a través de los canales internos del partido las denuncias presentadas por dos mujeres contra su ex asesor hasta cinco meses después.

La respuesta orgánica se ha limitado a replicar el patrón observado en otros casos recientes, como los que afectaron al exsecretario de Organización. Santos Cerdán o el ex ministro José Luis Ábalos—: el despido del implicado y de su número dos, Antonio Hernández.

En el Senado, PP y Vox han acusado al Gobierno y al PSOE de inacción y de intentar encubrir el presunto acoso sexual atribuido a Salazar, señalando que las denuncias habrían «cortocircuitado» en los canales internos del partido.

El PP ha vinculado este caso a otros episodios que, a su juicio, desmienten el discurso feminista que abandera el Ejecutivo, mencionando también la controvertida aplicación de la ley del solo si es si.