El radar R-120 dispara multas de 200 euros a 35.000 coches sin etiqueta B en Málaga
La puesta en marcha del radar R-120 en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha provocado un aluvión de sanciones: Más de 35.000 multas de 200 euros. desde su activación en diciembre de 2025, según datos de la Policía Local. El signo, que Prohíbe el acceso a vehículos sin el distintivo ambiental de la DGT Bha generado una recaudación que podría alcanzar los siete millones de euros en sólo seis meses, una cifra que ha levantado polémica en la ciudad.
¿Qué es la señal de la R-120 y a quién afecta en Málaga?
La señal R-120, prohibición de acceso a vehículos en función de su clasificación ambientales la herramienta con la que los ayuntamientos delimitan el perímetro de las zonas de tráfico limitado. En Málaga este cartel se instaló el pasado mes de diciembre junto a los accesos al centro y Requiere que el vehículo tenga al menos la etiqueta B. —la pegatina verde que identifica los coches de gasolina y furgonetas ligeras matriculados desde enero de 2006 y los diésel desde enero de 2015—. Cualquier vehículo con clasificación ambiental inferior (etiqueta C o sin marcar) que pase bajo la señal R-120 se arriesga a una multa de 200 euros.
La ordenanza de movilidad de Málaga establece esta restricción como parte de su plan de calidad del aire, aprobado por el anterior grupo de gobierno local. Según los datos recogidos por la Policía Local, los dos momentos en los que más denuncias se atendieron fueron Diciembre de 2025 y marzo de 2026.en conjunto con las campañas para fortalecer la vigilancia y con el desconocimiento de muchos automovilistas que aún no habían solicitado la pegatina ambiental.
Más de 35.000 multas y hasta siete millones de euros en sólo seis meses
El portavoz adjunto de Con Málaga, Toni Morillas, confirmó que «ha habido más de 35.000 denuncias en sólo seis meses» y pidió la suspensión del régimen de sanciones. La recaudación estimada varía entre 3,5 y 7 millones de eurosuna cifra que, a juicio de la formación, debería destinarse íntegramente a medidas de movilidad sostenible, como la construcción de los 5.000 aparcamientos prometidos por el PP en 2023 o la renovación de la flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
«Con estos millones de euros se podrían poner en marcha urgentemente estos aparcamientos, se podría acometer una renovación de la flota de emergencia, de modo que los barrios de la ciudad y especialmente los principales accesos a la ciudad en el este, norte y oeste estén conectados con una red de transporte público colectivo que sea una alternativa eficaz al uso del vehículo privado», subrayó Morillas. La oposición también insiste en que Situación de inseguridad jurídica generada por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recomienda sanciones devastadoras hasta que se aclare el marco regulatorio.
Más de 35.000 multas en seis meses demuestran que la ZBE de Málaga se ha convertido en una fuente de ingresos millonarios mientras miles de conductores todavía no tienen una alternativa real al vehículo privado.
La polémica jurídica y el futuro de Málaga ZBE
El eco del fallo del TSJA ha alimentado la incertidumbre sobre la validez del régimen de sanciones radar. La sentencia, según fuentes municipales, puso en duda algunos aspectos de la ordenanza municipal sobre movilidad, aunque no suspendió automáticamente las multas. Aun así, Con Málaga y otras fuerzas políticas lo piden La ZBE condiciona la creación de servicios de aparcamiento y transporte y que se introduzca una disposición transitoria que paralice las quejas hasta que existan alternativas de transporte público. Por el momento todo se encuentra en proceso judicial (más información).
De momento, el Ayuntamiento no ha anunciado cambios en la señal R-120 ni en el calendario de sanciones. Mientras tanto, los automovilistas que circulan por el centro de la ciudad sin etiqueta B Seguirán recibiendo una multa de 200 euros —importe que podrá reducirse a la mitad en caso de pago puntual. La recomendación para quienes aún no tienen el permiso es solicitarlo en cualquier Oficina de Correos o en la sede electrónica de la DGT por 5 euros y, si el vehículo no alcanza la clasificación B, estudiar rutas alternativas o aparcamientos periféricos para evitar la multa.
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