La lucha contra la corrupción ya no se libra sólo en los tribunales. Ni exclusivamente en dependencias policiales ni en fiscalías. La nueva batalla se juega en los registros, datos y trazabilidad de las empresas comerciales. Y es ahí donde el anteproyecto impulsado por el Gobierno pretende dar un cambio importante al sistema español.

Juristas, magistrados, registradores, expertos en prevención del blanqueo de capitales y responsables de investigación tributaria se reunieron en el Colegio de Registradores de España para debatir y analizar la Proyecto de Ley de Integridad Pública. Una reforma que resulta de especial relevancia en materia de transparencia, integridad pública, tráfico empresarial y prevención del blanqueo de capitales. Un cambio que, aunque aparentemente técnico, afecta directamente al corazón del sistema corporativo.

El decana-presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Rosario Jiménez RubioFue anfitriona del encuentro y en su intervención durante la jornada dedicada al debate y análisis del Proyecto de Ley de Integridad Pública destacó que el sistema «actualmente vigente para la transparencia empresarial no es transparente, ni funciona, ni sirve para los socios, ni para quienes tienen que perseguir el fraude empresarial. La clave de la transparencia empresarial es la inscripción en el Registro Mercantil».

La jornada se estructuró en dos mesas redondas. El primero contó con la intervención de Juan Sánchez-Calero, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutensequien señaló que con este proyecto «estamos ante una reforma muy profunda en un aspecto esencial de nuestra legislación corporativa». Además, es una reforma cuya clave es la lucha contra la opacidad y ahí radica un elemento esencial: «Sólo el registro pasa a ser un elemento legitimador ante los socios y ante la ley».

Desde una perspectiva criminal, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Delgado Colocó la reforma dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de agosto de 2025 y reclamó una mejora de las capacidades de investigación y persecución para lo que es imprescindible más información real sobre cómo funcionan las sociedades. También recordó la imprescindible necesidad de que los jueces se coordinen «con quienes tienen un enorme volumen de información».

Por su parte, Juan Ignacio Madrid, registrador mercantilpresentó con fotografía precisa las deficiencias a la hora de registrar empresas. Y lo hizo con datos demoledores: en el ejercicio 2025, un total de 36.093 empresas presentaron cuentas en el registro, de las cuales 16.600 han legalizado algún tipo de libro, 16.600 y sólo 2.600 han legalizado el libro de registro de socios. Números que hablan de la opacidad en este campo.

Prevención y control

La segunda mesa redonda reunió a expertos vinculados a la investigación, prevención y control del blanqueo de capitales y fraude, como Juan Carlos Calleja, jefe de la División de Inteligencia Estratégica del SEPBLAC. Calleja destacó que para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental el acceso a información veraz y fiable, además de la necesidad de coordinación: “Las leyes son nacionales, pero la delincuencia es internacional. Lo que hacemos cuando nos alineamos con nuestros socios europeos es crear un sistema de protección”, concluyó.

Fernando Sanz, jefe de la Sección 2 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEFEnfatizó la importancia de establecer quién es la persona que tiene el control real de una empresa y distinguió entre control y beneficiario final. Sanz también habló de la necesidad de compartir información. Es decir, «la interconexión de datos para mejorar el sistema».

Próximo, Javier Sánchez-Vicente, capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia CivilExplicó que los delitos económicos requieren conocimientos técnicos extra, por lo que incide en la cooperación y en la necesidad de compartir datos e información: «El hecho de tener acceso a la información, a todos los organismos del Estado, nos facilita mucho el asunto. Tener acceso a beneficiarios reales y saber cómo funciona una empresa y si realmente está hecha para ello, creo que son muy útiles.

El último turno de palabra en la mesa fue para José Manuel Alarcón, inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEATque describía en dos pasos cómo proceder en la persecución del fraude fiscal: «Primero, identificar los ingresos, los flujos financieros y los activos. Luego, el conocimiento de quién es el verdadero dueño, que es una cuestión básica. «Tenemos que hacer esa reconstrucción porque en la mayoría de los casos no sabemos quién es el verdadero sujeto».