Nadie sabía qué era exactamente el “estrellamismo” cuando el laborista Keir Starmer se mudó a Downing Street en julio, poniendo fin a una era de catorce años de gobierno conservador. En vísperas de las elecciones, como ocurrió con Tony Blair en 1997, la cautela del político fue comparada con la de un hombre que lleva un valioso jarrón chino Ming sobre un suelo muy pulido. El jarrón representaba la gigantesca ventaja que tenía en las encuestas. Y el miedo a que se cayera estaba grabado en su rostro. Starmer no quería dar ningún paso en falso.

El problema es que cinco meses después de haber conseguido una abrumadora mayoría absoluta, el primer ministro todavía no ha mostrado sus cartas. Los críticos hablan de un tecnócrata sin imaginación y sin una gran visión de país. Lo cierto es que el «starismo» sigue siendo hoy un misterio y el tan esperado «reset» de las relaciones con la UE tras los convulsos años del Brexit no llega.

Ha pasado casi una década desde que el Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, pero el divorcio histórico vuelve a estar en la agenda política, ya que Londres y Bruselas deben revisar en 2025 el pacto alcanzado «in extremis» en la Nochebuena de 2020 sobre la nueva relaciones.

Starmer insiste una y otra vez en que «no se trata de volver a entrar en la UE». Pero está claro que quiere aliviar las barreras comerciales. «Quiero asegurarme de que consigamos un mejor trato para la gente», dijo, para que «se sientan mejor y obtengan mejores servicios públicos». Inicialmente se creía que bajo el nuevo Gobierno laborista se podría negociar ayer un acuerdo de libre circulación para los menores de 30 años con el fin de facilitar las relaciones comerciales. Pero Starmer ahora es directo. «La libertad de circulación es una ‘línea roja’ para nosotros y no tenemos planes en materia de libre circulación a ningún nivel», aclara.

Según filtraciones a la prensa británica, Bruselas se dispone a «llevar a cabo una dura negociación» y «fijar un precio alto», a cambio de conceder al primer ministro mejores condiciones en defensa, seguridad y comercio. Según el Financial Times, las «duras líneas rojas» de la UE incluyen «un pronto acuerdo sobre derechos de pesca» y la aceptación por parte de Londres de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE).

Este último es un tema extremadamente delicado en Westminster, ya que el núcleo duro de la oposición conservadora y el partido Reform UK del populista Nigel Farage, cada vez más popular en las encuestas, piden abandonar el TJUE después de que el tribunal paralizara el controvertido plan del anterior El Ejecutivo conservador enviará a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen por rutas irregulares. La inmigración sigue siendo un tema clave en la agenda.

Downing Street ha dicho repetidamente que no se uniría a la unión aduanera ni al mercado único, ni aceptaría la libre circulación, pero un portavoz número 10 se negó a descartar un papel del TJUE.

Aunque los euroescépticos consideran que el Brexit es un asunto más que cerrado, lo cierto es que las nuevas reglas comerciales con la UE que siguen entrando paulatinamente en el Reino Unido con el fin de dar un margen de acomodación a los empresarios están golpeando la economía. Y el principal objetivo del primer ministro es precisamente impulsar el lento crecimiento económico del Reino Unido.

En definitiva, el camino que tiene por delante no es fácil para el Ejecutivo laborista. Los recientes intentos de Starmer de cortejar a los líderes europeos también sufrieron un nuevo revés a mediados de diciembre, cuando la Comisión Europea decidió llevar al Reino Unido ante los tribunales por su presunto incumplimiento de la legislación de la UE sobre libertad de circulación tras el Brexit. La polémica deriva de las acciones del anterior ejecutivo «Tory», pero ahora golpea de lleno al inquilino de Downing Street.

Las nuevas negociaciones coincidirán también con la entrada en vigor de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Todos los turistas que quieran visitar Reino Unido, excepto los ciudadanos británicos e irlandeses, deberán obtener este permiso para poder entrar en el país a partir de 2025. La ETA, similar a la que ya solicita Estados Unidos, costará unos 12 euros. Ya es obligatorio para los ciudadanos de Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania. Pero a partir del 8 de enero se aplicará a los no europeos y en marzo se ampliará a los europeos.

Por otro lado, otro de los grandes retos de Starmer en 2025 será encontrar un acuerdo para Gibraltar, que sigue en el limbo desde que el Brexit lo dejó fuera de la UE. En la Nochevieja de 2020, pocas horas antes de que finalizara el periodo de transición, Londres y Madrid consiguieron cerrar «in extremis» un acuerdo de principio para evitar controles estrictos en la única frontera terrestre -junto con la de Irlanda- que une ahora al Reino Unido con la UE. El texto contenía las directrices para cerrar un tratado entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. Pero se trata sólo de una solución temporal que las partes pueden poner fin en cualquier momento.

Si se quiere flexibilidad en la valla, se debería subcontratar la frontera Schengen al puerto y al aeropuerto del Peñón. Pero eso requiere la presencia de agentes de España (miembro de Schengen). Y ahí está el quid de la cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que el terreno donde se construye el aeropuerto no estaba contemplado en el Tratado de Utrecht (1713-1715).

Unas 30.000 personas cruzan la valla cada día. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de una zona como el Campo de Gibraltar, donde la tasa de paro rara vez baja del 30%.

En las negociaciones se habla de «una zona de prosperidad compartida», un eufemismo para evitar hablar de soberanía sobre la colonia británica. Pero es la soberanía, al fin y al cabo, lo que ha marcado el contexto de los últimos 300 años. Y la cuestión que, en definitiva, dificulta ahora el ansiado humo blanco. Nadie quiere cerrar una puerta que sacudiría tanto la economía del Peñón como la de las regiones españolas circundantes. Pero, al mismo tiempo, nadie quiere firmar ningún término, ningún punto, ninguna coma que pueda afectar la cuestión de la soberanía en un tratado internacional.