La infracción se remonta al 27 de mayo de 2024, a las 10:21 horas, en el kilómetro 121 de la A-92, cerca de Estepa (Sevilla). Un radar fijo instalado en ese punto Detectó un vehículo que circulaba a 171 km/h.. La multa que recibió el conductor en su domicilio contenía un número de velocímetro específico y la declaración de que el equipo había pasado el control metrológico exigido por la ley. Hasta entonces, nada extraño.

El problema llegó más tarde, cuando el abogado del conductor examinó la documentación técnica adjunta a la multa y decidió llevar el caso a los tribunales. El juez coincide con él al considerar que parece un desacuerdo significativo entre el radar que aparece en la denuncia y el que aparece como verificado en el certificado oficial. Es decir, no está demostrado que el dispositivo que midió la velocidad sea exactamente el mismo que pasó los controles obligatorios.

Entonces la frase es bastante contundente. Si no es posible conectar el equipo que detecta la infracción con el equipo que ha sido auditado y certificado, la medición no puede considerarse 100% confiable.. Por tanto la multa no es válida. El juez obligó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a devolver la multa de 400 euros, los 4 puntos de la licencia y a asumir las costas procesales.