Derogar el sanchismo es imprescindible. Heredarla sería un suicidio. El sanchismo se centra en cuatro pilares fundamentales: saqueo fiscal, despilfarro público, asfixia regulatoria y corrupción. Hay que eliminarlos todos o, de lo contrario, sólo se perpetuará un sistema extractivo y confiscatorio. Si la oposición gana las elecciones, debe desmantelar esta red de intervencionismo y saqueo o perderá incluso si gobierna. España es un infierno fiscal. Las empresas pagan más impuestos y sufren el flagelo de los costes por la burocracia y el ausentismo.

La relación entre ingresos fiscales y PIB en España ronda el 38%, por encima de la media de la OCDE (33,9%) y en línea con la media de la UE. Sin embargo, España tiene mucho más desempleo, empresas más pequeñas y una economía sumergida más grande. Por lo tanto, el uso del índice de presión fiscal no tiene sentido en comparación con países con indicadores de empleo, tamaño de empresas y economía sumergida radicalmente diferentes. España supera la media de la Unión Europea en cuña fiscal y esfuerzo fiscal, lo que demuestra que la carga fiscal relativa al salario y la renta disponible es mucho mayor para los trabajadores españoles que para la media de la UE. La cuña fiscal –porcentaje del coste laboral total que se deduce en impuestos y contribuciones sociales– es casi siete puntos superior a la media de la UE, y el esfuerzo fiscal, la presión fiscal ajustada a la renta per cápita y la economía sumergida, también es significativamente superior a la media de la UE. En 2024, el «esfuerzo real» del IRPF de los hogares, utilizando el índice de 2008 como 100, alcanzó 114,4, mientras que la renta neta media se mantuvo en 95,7, según Funcas. Es decir, se pagan más impuestos sobre un ingreso real más bajo que antes de la crisis.

Los impuestos corporativos también son mucho más altos. La carga efectiva que soportan las empresas en España es muy superior a la media de la UE. España aparece en el puesto 34 sobre 38 en el índice de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos, lo que indica más presión y menor calidad del diseño fiscal. Los impuestos que soportan las empresas en España representan el 17,8% del PIB, frente al 14,8% de la media de la UE, es decir, unos tres puntos del PIB más, con las empresas de menor tamaño. El tipo implícito sobre el capital en España es 5,4 puntos superior a la media de la UE y la carga del impuesto de sociedades en España equivale a unos tres puntos del PIB más que esta media.

No podemos olvidarnos de los costes por ausentismo y exceso de regulación. El coste del absentismo alcanza los 128.600 millones al año y el brutal lastre del normativismo y el exceso regulatorio impone otros 90.000 millones anuales a la economía española. Si en España se priorizara la regulación que facilita frente al normativismo que frena, el país crecería con fuerza, no con maquillaje.

España tiene un problema estructural de hipertrofia normativa. En España se aprueban 30 disposiciones al día, el equivalente a una nueva norma cada 45 minutos. Esta locura no sirve para mejorar la situación económica ni para estructurar la sociedad de manera efectiva, sino que responde a una intervención permanente que aumenta la complejidad jurídica y la discrecionalidad administrativa.

Según un estudio del Instituto Juan de Mariana y CEFAS, es posible conseguir reducciones de entre el 90% y el 95% en la extensión regulatoria, caídas de más del 50% en la carga regulatoria y mejoras sustanciales en la seguridad jurídica. De las 243 normas con rango de ley aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez, 204, es decir el 84% del total, pueden ser derogadas o reformadas radicalmente por ser innecesariamente intervencionistas, presentar mala técnica regulatoria y no tener justificación funcional.

El estudio separa la normativa por bloques. El bloque 1 (23%) incluye leyes que pueden ser derogadas inmediatamente, ya que no existe un mandato europeo que las respalde. El bloque 2 (16%) incluye las leyes cuya derogación requiere negociación previa con Bruselas, al haber sido aprobadas como compromisos vinculados a los fondos Next Generation EU. Como ejemplo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos para la llamada renta real, que ha supuesto la mayor subida de impuestos y destrucción de autónomos en años. El bloque 3 (13%) agrupa transposiciones de directivas europeas sobredimensionadas por el legislador nacional. El bloque 4 (48%) incluye leyes que requieren una reforma profunda, incluida la ley de vivienda. Finalmente, el Bloque 5 (16%) contiene las normas cuya revisión no se considera prioritaria en el corto plazo.

El impacto económico de la sobrerregulación es cuantificable. Las cargas administrativas, los costes de cumplimiento, los litigios y la inseguridad jurídica asociados al exceso regulatorio representan un coste agregado de más de 90.000 millones de euros anuales, funcionando como un impuesto oculto que penaliza especialmente a las pymes, los autónomos y las familias, reduce la inversión y obstaculiza la productividad, como explica el informe.

España es un infierno fiscal y burocrático que penaliza el crecimiento empresarial, ataca a los autónomos y trata a los creadores de empleo como delincuentes preventivos. No sorprende que seamos un país de microempresas, que el desempleo oficial y real sea mucho más alto que el de nuestras economías comparables y que la economía sumergida sea mayor que en otros. Es un sistema extractivo, confiscatorio e intervencionista que no busca el progreso, sino el control. Derogarlo no es una opción; Es una obligación.