Durante este último Consejo de Ministros del año se aprobó el aumento de las pensiones, el billete único de transporte y la ampliación del escudo social. Sin embargo, no se han presentado los presupuestos ampliados para 2023.

Hoy, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se presenta ante el Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el gobierno para no haber presentado los presupuestos generales del Estado para 2026.

Esta iniciativa surge después del pasado. El 22 de octubre la Cámara Alta acordará el abordaje de este conflicto y así exigir al Ejecutivo la presentación de los presupuestos.

«A falta de respuesta de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta presentó formalmente un conflicto de competencias entre ambas instituciones ante el Tribunal Constitucional», indicó el Senado.

La Cámara Alta declara que “las Cortes Generales no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria” Y «La capacidad del Parlamento es limitada modificar el texto, proponer alternativas y, sobre todo y en última instancia, aprobarlo o rechazarlo. » Por todo ello, el Senado afirma que “el Gobierno está haciendo mal uso de la prórroga presupuestaria”.

Ante este retraso en la presentación de los presupuestos, el PP pide al Tribunal Constitucional que fije un «plazo máximo» para que el Ejecutivo cumpla esta tarea en octubre de este año, los populares han calificado de «anomalía democrática» el hecho de que el Gobierno no haya presentado los presupuestos.

El Partido Popular aprobó este conflicto de poderes hace dos meses con el objetivo de que el Gobierno proceda a elaborar los presupuestos y los presente al Congreso. El Ejecutivo tuvo un mes para responder al enfoque del conflicto de atribuciones.

El Congreso, incapaz de aprobar los presupuestos

Este conflicto se produce dos meses después de que el Congreso rechazara por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para el período 2026-2028, un paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado, y a la validación de decretos destinados a incrementar los salarios de los funcionarios y retrasar un año la entrada en vigor del «Verifactu».

Los objetivos fueron rechazados por 177 votos en contra, del PP, Vox, Junts y UPN, 166 a favor y 5 abstenciones, tras la votación de la primera opción a finales de noviembre.

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