Todo parece indicar que el gobierno está cerca de resolver la crisis debido al servicio de salud de Muface, la mutualidad estatal de los funcionarios. Sin embargo, esto no se usará para olvidar el daño causado hasta ahora, o que espera a la Unión mayoritaria de los funcionarios, CSIF, que hoy ha presentado una queja ante el Fiscal General del Estado para investigar las cientos de quejas recibidas de los empleados públicos que dicen Han dejado de recibir atención médica.

Según el sindicato, el objetivo de la queja es resolver las posibles responsabilidades penales en las que las tres aseguradoras que actualmente brindan el servicio podrían haber incurrido -Asisa, adeslas y dkv- como personas legales, así como personas específicas que podrían ser autores o participantes en los hechos denunciados.

En la carta presentada hoy, CSIF asegura que desde que comenzó la crisis de muácar en noviembre, cientos de funcionarios han visto cómo se les negó las pruebas médicas y fueron anuladas citas e intervenciones quirúrgicas, “lo que está causando problemas de salud mentales y físicos tanto en mutualistas como en mutualistas y en mutualistas sus familias «, dice el sindicato, antes de agregar: «Denunciamos que la negativa injustificada de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo».

Del mismo modo, la queja subraya que «en ningún caso un tema puramente económico, la no renovación del concierto actual, puede justificar la negligencia en el campo del derecho fundamental a la protección de la salud».

Como ya se ha presentado un progreso, esta queja se produce unos días después de que el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública presentara la oferta que las tres compañías tenían un aumento durante mucho tiempo, un aumento en 41% Con respecto al presupuesto anterior, la imposición de la edad se extiende para el cálculo de las primas y la adición de una cláusula al contrato que garantiza su revisión en caso de que no haya aumentos en el costo del servicio.

Con esto, la fecha límite para la aceptación de la oferta o su rechazo por parte de las aseguradoras se ha extendido hasta el 4 de marzo. En este momento, Adeslas y Asisa ya han indicado que la oferta se acerca a lo que consideran necesario para poner fin a la crisis, mientras que, más, más prudente, DKV ha declarado que no se pronunciará hasta que tenga acceso a las hojas de texto específicas.

Pase lo que pase, el caso es que esto no compensará los casos de negligencia que CSIF asegura que han ocurrido hasta ahora, ni ha cancelado el La huelga planeada para el próximo jueves 13 de febrero.

El desempleo se convocan a más de medio millón de funcionarios de diferentes campos: personal docente, centros de la administración estatal general y la oficina personal de correos personal. Aunque la policía no puede ir a la huelga, Jupol, sindicato de la policía nacional, ha apoyado la llamada.

La semana pasada, el sindicato de CSIF ya advirtió que «la voluntad de Muface para lograr un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejar la fecha límite para presentar ofertas», pero a pesar de esto, anunció que mantuvo la huelga. Hasta ahora ha habido muchas veces que el acuerdo ha parecido cercano y, sin embargo, ha terminado posponiendo, por lo que está claro que Los funcionarios no darán la batalla para ganar hasta que el concierto se renova efectivamente.