Ambas corporaciones habían configurado la fórmula de Unión Temporal (UTE) para desarrollar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización. militares preparados por el Gobierno con una línea de financiación preferente. En concreto, Santa Bárbara, que está en manos de General Dynamics European Land Systems (GDELS), había solicitado la suspensión cautelar de los préstamos para los programas de la obuses de rueda (1.181 millones de euros) y cadenas (1.821 millones de euros).

Ambos créditos están incluidos en un real decreto de 14 de octubre de 2025 en el que el Consejo de Ministros estableció las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización militar. En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para financiar el desarrollo de programas de modernización militar.

Los programas en los que participa Indra (ya sea en solitario, con socios o concedidos a Hisdesatque también controla) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales, mientras que los de Airbus suman 4.030 millones de euros (hay un programa de 350 millones en el que participan Airbus e Indra) y los de Navantia suman 2.292 millones de euros.

Los dos créditos que se ha solicitado bloquear cautelarmente son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en diversos ámbitos (terrestre, marítimo, espacial y ciberespacio), mientras que los asignados a Airbus y Navantia se centran en el ámbito aéreo y naval, respectivamente.

Para «proteger» la tecnología española

En este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por ABC, además de confirmar la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa legal es «proteger la tecnología española, a los trabajadores y proveedores de la compañía e impulsar las actuales capacidades industriales del sector de defensa en España.

Santa Bárbara no considera justificado que haya sido excluida de los programas ideados por Indra y Escribano, ya que la histórica empresa de defensa ha patentes para desarrollar proyectos que el Estado ha encomendado a Indra y Escribano, sin necesidad de recurrir a otros medios, incluso en el exterior, que pueden resultar más complejos.

Asimismo, la compañía ha destacado que sigue en conversaciones con el ecosistema industrial de defensa nacional para «cumplir los objetivos del Gobierno» en los Programas Especiales de Modernización y Autonomía Estratégica de la UE.