El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60
La disputa entre Cuba y Estados Unidos tiene en varios frentes a la vez, políticos y económicos. A la imputación judicial contra Raúl Castro, el cerco energético, las sanciones contra dirigentes y militares y el despliegue de un portaviones en el Caribe, se ha sumado un nuevo capítulo en los tribunales norteamericanos de una previsible naturaleza expansiva. El Tribunal Supremo EEUU ha aceptado la reclamación de una empresa portuaria de ese país cuyos muelles fueron nacionalizados en los años 60 en el marco del proceso dispuesto por Fidel Castro. El pronunciamiento tiene enormes implicaciones si se tiene en cuenta que aquella ola de nacionalizaciones que se desató después de que Washington decidiera dejar de comprar azúcar a La Habana por su acercamiento a la URSS cambió por completo la naturaleza de la economía cubana y se consideró el umbral de la declaración del carácter socialista de la revolución, un año más tarde, en medio del intento de invasión financiado por la CIA.
[–>[–>[–>La Ley 851, de agosto de 1960 abrió la puerta a la nacionalización de 26 grandes empresas estadounidenses que operaban en la mayor de las Antillas. Esto incluyó refinerías de petróleo, centrales azucareras y empresas de electricidad y telecomunicaciones. Dos meses más tarde se confiscó la totalidad de los bienes y propiedades de firmas de EEUU en la isla.
[–> [–>[–>Este fallo del Supremo devuelve al presente aquellos pleitos de 66 años atrás, pero también las discusiones que suscitaron dentro de la mayor de las Antillas el pasado miércoles alrededor del inicio de la era republicana, en mayo de 1902. La independencia de la isla vino de la mano del protectorado norteamericano, que tenía el carácter de texto legal a partir de la llamada Enmienda Platt. Siete años después de que comenzara la república se instaló en Cuba la Havana Docks Corporation. La explotación de los muelles habaneros debía concluir en 2004. Se extendió apenas hasta un año después del inicio del proceso revolucionario. La empresa alegó en su presentación judicial que el Estado cubano no cumplió el compromiso de la compensación en caso de dar por terminada la concesión.
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Havana Docks Corporation demandó en 2019 a varios cruceros que realizaban escalas en La Habana por utilizar lo que habían sido sus instalaciones. El dictamen favorable en un tribunal de Miami contra Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises fue el paso previo que animó a la empresa a ir por el premio mayor en la isla. Tuvo desde siempre el apoyo de Donald Trump. Si bien tuvo un fallo adverso en segunda instancia, el Supremo acaba de saldar a su favor la controversia. Sus fundamentos se basan en la vigencia de una ley del Congreso de EEUU sancionada hace 30 años, la Helms-Burton, que habilitó la posibilidad de reclamaciones como la de Havana Docks Corporation. La novedad no solo es judicial sino del orden político porque coincide con una ofensiva de la Casa Blanca contra la isla que no tiene precedentes.
[–>[–>[–>Meses atrás, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, defendió la política de expropiaciones de los años 60 y dijo que se apegaron a la Constitución de 1940, leyes nacionales y la práctica del Derecho Internacional. Dijo también que Cuba ofreció mecanismos de resarcimiento económico a los países afectados, y en su momento llegó a acuerdos con Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza. «Estados Unidos rechazó la propuesta de compensación e incluso se negó a sentarse a tratar de buscar una fórmula mutuamente aceptable por vía de la negociación».
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Ofensiva contra GAESA
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A la par, Estados Unidos redobló sus acciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) que, bajo control de las Fuerzas Armadas, ejerce su influencia en gran parte de las actividades económicas y financieras de Cuba. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Miami a Adys Lastres Morera, a pesar de su condición de residente legal. Se trata de la hermana de la presidenta ejecutiva del GAESA, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. El conglomerado se ha convertido en un blanco preferencial de la Administración Trump. De hecho, su secretario de Estado, Marco Rubio, le dedicó buena parte de su alocución del 20 de mayo. Para el jefe de la diplomacia trumpista, es GAESA y no la batería de sanciones la causa del empobrecimiento social y los apagones que azotan a la isla. El ICE y la HSI descubrieron que Lastes Mora «representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense». El episodio no fue más que la confirmación del interés de Washington en apuntar contra GAESA y todos los que mantengan. El Gobierno de Estados Unidos aprovechó el incidente para advertir que continuará investigando a quienes mantengan vínculos con ese grupo empresarial.
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