Él Corte Suprema se redujo casi a la mitad, de 79.942 euros a 39.000 euroslos honorarios que el ex fiscal general del estado Álvaro García Ortiz deberá pagar las costas del abogado y del fiscal Alberto González Amadorsocio del presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta situación se produce luego de que el abogado de la Administración de Justicia para Casos Especiales ante el Tribunal Supremo considerara que parte de las costas eran improcedentes, estimando parcialmente la impugnación interpuesta por el Ministerio Público, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía contra el cálculo de las costas, quienes consideraron ambos incorrecto como excesivo.

El decreto reduce el importe de los honorarios del abogado y del abogado al excluir del cómputo diversos recursos, incluidos los 18 recursos resueltos por el Tribunal Supremo, cuyas costas sólo se imponen en casos de mala fe o imprudencia.

El importe de las tarifas aún podría variar en el futuro.

La otra razón que se tuvo en cuenta para impugnar la evaluación fue que costos excesivos. En este caso, el Tribunal Supremo acordó continuar con la tramitación de la impugnación solicitando un informe sobre el acta fijada, para que el monto de las tarifas todavía podría variar en el futuro.

El letrado solicita este informe, obligatorio pero no vinculante, al Consejo General de la Abogacía de España en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), después de que la Letra y la Fiscalía solicitaran que no fuera elaborado por el ICAM porque este colegio hizo la acusación en el juicio.

La abogada subraya que no hay «dudas sobre la imparcialidad» de este colegio ni sobre su competencia para elaborar el informe, aunque subraya que «tampoco existe ningún obstáculo legal» porque, excepcionalmente y teniendo en cuenta las «particularidades» de este proceso, el informe se elabora en colaboración con el Consejo General.

La condena de García Ortiz

La Corte Suprema condenó a García Ortiz a dos años de descalificación para el cargo de fiscal general de una delito de divulgación de datos confidenciales al difundir información confidencial de la investigación a Alberto González Amador por defraudación al Tesoro e imponerle una sanción multa de 7.200 eurosA indemnización de 10.000 euros por daño moral y costas procesales.

El exfiscal general ya ha abonado la multa y la indemnización con «fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuyo destino y coordinación aseguraba la Unión Progresista de Fiscales (UPF)», de la que el exfiscal general era portavoz y presidente y que «asume íntegramente como propio dicho pago».

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