La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la nulidad del arancel a la basura aprobado por el Ayuntamiento de Madrid tras constatar los defectos en el procedimiento seguido para su ejecución. La resolución, sujeta a recurso, valora los recursos presentados por distintas organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024.

El tribunal concluye que en la tramitación de la norma se omitió parte de la documentación esencial que sustenta el cálculo del impuesto. Específicamente, los anexos no han sido incorporados al registro público vinculado al estudio de la producción de residuos por actividades económicas, elemento considerado fundamental para comprender la estructura de la tarifa.

Según la sentencia, esta ausencia constituye una infracción de carácter sustancial en el procedimiento administrativo, lo que da lugar a la nulidad del auto.

El papel del informe técnico

La sentencia analiza el contenido del informe técnico-económico que sirvió de base para establecer la tasa. Este documento, como recuerda la Sala, es fundamental para la creación de impuestos municipales, ya que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para determinar las tarifas.

Los magistrados destacan que el informe presentado incluía cifras y resultados, pero no detallaba el proceso seguido para obtenerlo. En particular, no proporcionó suficiente información sobre cómo se distribuían los residuos entre cada actividad económica ni sobre la configuración de las llamadas zonas homogéneas.

Esta información, como señala el tribunal, sólo se encontró en los anexos que no han sido publicados durante el periodo de información pública. La Sala rechaza el argumento del Ayuntamiento de Madrid, según el cual estos documentos tenían carácter incidental, y considera que contenían el núcleo metodológico del sistema de cálculo.

La decisión establece que el informe técnico no puede limitarse a presentar resultados numéricos, sino que debe ofrecer una explicación completa que permita comprobar su adecuación a los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia, tal y como establece la doctrina del Tribunal Supremo.

Falta de transparencia y control

La Corte también destaca que la ausencia de estos anexos impidió el establecimiento de un relación clara entre la actividad económica y la carga fiscal que se le atribuye. Esta falta de trazabilidad, según la resolución, compromete la transparencia del sistema y dificulta su control por parte de los ciudadanos.

La ordenanza, recuerda la Sala, fue aprobada de conformidad con la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que obliga a las entidades locales a implementar sistemas de financiamiento basado en el principio de «quien contamina paga«Sin embargo, el tribunal precisa que este objetivo no exime a la Administración de respetar las garantías procesales ni de motivar adecuadamente los elementos esenciales del impuesto.

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