El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente uno de los frentes abiertos en la batalla institucional entre Real Madrid y La Liga, respaldando la postura del club blanco y confirmando que se ha vulnerado su derecho a participar en reuniones clave sobre derechos audiovisuales durante el año 2022.

La nueva declaración, subrayada por la del Real Madrid, consolida una línea jurisprudencial que pone en duda las formas utilizadas por la patronal en su lucha con los clubes alineados con el proyecto de la Superliga.

Según el club, el Tribunal Supremo confirmó definitivamente «la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en las distintas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022».

Esta decisión se produce después de que la Sala Primera desestimara el recurso de LaLiga el 10 de abril y confirmara resoluciones anteriores que afirmaban que estas medidas vulneraban el derecho de participación del Real Madrid y se adoptaban sin respetar el procedimiento legal exigido.

Lejos de aceptar el revés, La Liga intentó reabrir el caso mediante un incidente de anulación, un mecanismo excepcional recordado en la propia nota del club y que el Tribunal Supremo rechazó categóricamente.

El Tribunal Superior, según el comunicado, «acordó no admitir este incidente y rechazó expresamente que este mecanismo pudiera utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales», lo que refuerza la firmeza de la decisión.

Derechos audiovisuales y Superliga

El conflicto está relacionado con tensiones subyacentes entre La Liga y los clubes promotores de la Superliga, que los empresarios consideran que están en un conflicto de intereses dentro del organismo que supervisa la gestión y explotación de los derechos televisivos.

En 2022, el presidente de La Liga vetó al Real Madrid -así como al FC Barcelona, ​​según resoluciones anteriores- durante varias reuniones de este organismo, privándoles de participar en debates y votaciones sobre cuestiones comerciales estratégicas.

Estas decisiones ya habían sido impugnadas en niveles inferiores, quienes declararon nulas las exclusiones por considerar que no se había seguido un procedimiento objetivo e imparcial para evaluar la existencia de un conflicto de intereses.

La Corte Suprema ratificó esta prueba en abril y ahora protege esta decisión rechazando el último intento de los empleadores de corregir el rumbo.

Leyendo al Real Madrid

Desde Valdebebas, el club interpreta esta resolución como una confirmación de que su estrategia jurídica ha sido la acertada «durante todo este procedimiento» y como el punto final de los «sucesivos intentos de La Liga de impugnar las decisiones declaradas contrarias a derecho».

Para la entidad, la sentencia va más allá del caso concreto y «reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional».

A corto plazo, la sentencia del Tribunal Supremo cierra un frente concreto abierto desde 2022, pero a medio plazo puede servir como un argumento convincente en la historia del club sobre la necesidad de redefinir el equilibrio de poder entre patronal y grandes protagonistas del campeonato.