El Tribunal Supremo de Bogotá ordena la libertad del expresidente Álvaro Uribe
La sorpresa se apoderó de los colombianos en la noche del martes. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Uribe tendrá ese beneficio hasta que se defina la segunda instancia de la causa que dividió a la sociedad entre los que celebraron la sentencia y los que la consideraron un acto de persecución política del líder de la derecha.
La decisión se conoce apenas dos semanas después del pronunciamiento de la jueza Sandra Heredia. «Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia«, hizo saber el exmandatario a través de X.
El Tribunal Superior respondió a un reclamo de la defensa del fundador del Centro Democrático. Los abogados de Uribe sostuvieron que Heredia había trasgredido «los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad» del hombre que gobernó ese país sudamericano entre 2002 y 2010.
El fallo firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno consigna que «los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos«. Se califica de «ininteligible» el fundamento de Heredia por el cual la prisión domiciliaria era «necesaria para la convivencia pacífica y el orden social». Para el Tribunal «no se demostró intención de fuga mediante la salida del país ni la realización de trámites de asilo o refugio, por lo que no existen indicios objetivos de evasión».
La jueza ha sido objeto de otros duros señalamientos. El Tribunal Superior recordó que a una autoridad judicial «no le es permitido sustentar sus decisiones en criterios subjetivos, genéricos o abstractos, pues ello impide un adecuado ejercicio de contradicción, máxime cuando se restringen garantías fundamentales como la libertad».
Reacciones
El senador del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, una de las víctimas de las acciones por las que Uribe fue condenado, dijo «respetar» el dictamen y que siempre ha acatado las resoluciones. «Por supuesto no lo compartimos”. Según Cepeda, el expresidente venía realizando «numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra». A su criterio, la medida impuesta hace menos de dos semanas por la jueza Heredia buscaba proteger a los testigos de la causa. El legislador confió en la posibilidad de revertir la situación. «Vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente».
La precandidata presidencial de esa misma coalición de izquierdas, María José Pizarro recordó que Uribe «sigue en estos momentos procesado y condenado por una jueza de la república por delitos gravísimos en contra de la justicia». En ese orden de ideas «tenemos que esperar a esta segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá».
El uribismo, por su parte, encontró módicas razones para el festejo. «La justicia colombiana acaba de determinar que la jueza le violó los derechos fundamentales del expresidente como tantas veces lo hemos advertido en las últimas semanas. Es una gran noticia para el partido y para Uribe».
El dictamen se conoce en momentos que la derecha colombiana define no sin complicaciones el nombre de su candidato presidencial en los comicios de 2026. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien era hasta hace pocos meses el mejor aspirante por esa formación, dejó un vacío y abrió la puerta a una puja que puede ser áspera entre quienes reclaman ese lugar. La medida que acaba de favorecer a Álvaro Uribe promete encontrarlo en la calle y activo tratando de alcanzar la mejor fórmula presidencial para derrotar a la izquierda en las urnas. Los aspirantes son María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.
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