El TSJA da la razón al Ayuntamiento y tumba la planta de cultivo de almeja japonesa autorizada por Costas en la ría de Villaviciosa
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villaviciosa y ha tumbado la autorización para instalar una planta privada de cultivo de almeja fina y japonesa en la ría maliayesa. El proyecto, promovido por ASGA Acuicultura, había sido autorizado por la Demarcación de Costas y por el Principado.
[–>[–>[–>La sentencia avala la posición mantenida por el gobierno municipal durante todo el conflicto y se apoyaría, según explicó el alcalde, Alejandro Vega, en la protección de la salud pública, el medio ambiente y la aplicación del principio de precaución recogido en el derecho comunitario.
[–> [–>[–>El proyecto contemplaba la ocupación de 2.420 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la zona de La Capilla o El Requexu, al sur de El Puntal, en San Martín del Mar. La concesión autorizada por Costas tenía una duración inicial de diez años, prorrogable hasta un máximo de treinta, con un canon anual de unos 32 euros.
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La explotación planteaba el cultivo de hasta dos millones de ejemplares de almeja, con un reparto especialmente cuestionado por los opositores al proyecto: el 80% correspondería a almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), una especie alóctona, y el 20% restante a almeja fina (Ruditapes decussatus), la tradicional en el marisqueo del Cantábrico.
[–>[–>[–>Precisamente la presencia mayoritaria de almeja japonesa fue uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, mariscadores y asociaciones vecinales para rechazar la iniciativa en un espacio protegido como la ría de Villaviciosa.
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Choque institucional
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El conflicto había provocado además un choque entre el Ayuntamiento maliayés y la Consejería de Medio Rural del Principado, pese a estar ambas administraciones gobernadas por el PSOE. Mientras el Alcalde defendía que debía priorizarse la recuperación del marisqueo tradicional, cerrado desde 2011 por contaminación, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, sostuvo públicamente que todos los informes técnicos eran favorables y llegó a afirmar que denegar la autorización sería «prevaricar”.
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[–>El gobierno local había fundamentado su recurso en la supuesta falta de participación pública suficiente, en los riesgos ambientales y sanitarios y en la incompatibilidad del proyecto con los valores naturales y tradicionales del estuario.
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Tras conocerse el fallo, Alejandro Vega considera que la sentencia “avala la defensa del interés general” realizada por el Ayuntamiento, las asociaciones del entorno de la ría y la cofradía de pescadores. El alcalde anunció además que el Consistorio solicitará al Principado que no recurra la resolución judicial y plantea abrir una nueva etapa de diálogo sobre el futuro de la ría.
[–>[–>[–>Entre las cuestiones que el gobierno local quiere abordar figuran la revisión del Instrumento de Gestión Integrada aprobado en 2014, la recuperación del marisqueo tradicional y otros problemas ambientales del estuario, como la proliferación de bancos de ostras derivados de antiguos cultivos autorizados o la mortalidad de distintas especies en la ría.
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