De esta forma, y ​​con pequeñas reservas, el CSN ha elaborado un informe técnico donde no hay ningún reproche a nivel radiológico de la central nuclear de Almaraz. Así, Iberdrola, Endesa y Naturgy están a sólo un paso de mantener la planta en funcionamiento. Aunque la decisión final la tomará el Ejecutivo, que es el encargado de la planificación energética nacional.

Por ello, aunque dentro del ministerio eran conscientes de que el CSN daría luz verde a la solicitud, ahora toca trabajar a todo trapo para evaluar el informe y asumir cómo queda la red energética española con los dos reactores de Almaraz que, según su previsión, iban a cerrar entre 2027 y 2028.

Así, según ha podido saber este diario, la cuestión nuclear se ha convertido en una especie de emergencia, y en el mes de agosto se trabajará a pleno rendimiento. En principio, hay un plazo de dos meses desde que el CSN emite su informe hasta que el Ejecutivo toma su decisión. Sin embargo, y tras consultar con diversas fuentes del sector, hay dudas de que el ministerio maniobre de alguna manera para ganar tiempo. De hecho, fuentes del Miteco no han querido comentar el plazo que tienen ahora para tomar la decisión.

En cualquier caso, y bajo los preceptos del propio Gobierno –y sus tres líneas rojas–, no hay excusa para mantener firme el calendario de cierre y que Almaraz tenga que cerrar. Principalmente, en términos de seguridad de suministro y cuestiones económicas para que no afecte al precio final del consumidor.

Las empresas han renunciado voluntariamente a la revisión fiscal, una de las cuestiones que más les ha hecho pelear ya que entienden que la energía nuclear no es un negocio rentable para ellas porque soporta una carga fiscal que no se corresponde con lo que esta tecnología aporta al sistema. En cuanto al suministro, de hecho, la energía atómica se ha demostrado totalmente necesaria tras el apagón de abril de 2025.

Reacciones relevantes

Tras la resolución del CSN hubo reacciones importantísimas. En primer lugar, la del Foro Nuclear, la organización sectorial que agrupa los intereses de las empresas del conjunto del sector, que aseguró que «esta evaluación reconoce la excelencia operativa de la planta, las inversiones realizadas y el compromiso de sus profesionales, y constituye un elemento clave para que el Gobierno autorice su funcionamiento hasta 2030».

La patronal asegura que “esta evaluación es consistente con el sólido historial operativo de la instalación, con la actual revisión periódica de seguridad y con su reconocimiento internacional”. En materia energética, Foro Nuclear asegura sobre Almaraz que «su generación firme y sincrónica refuerza la estabilidad de la red, y su continuidad estaría alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea».

Otra voz relevante, que ya se había pronunciado sobre esta situación, es la Comunidad de Madrid. En este sentido, exigen al Gobierno de España «abandonar su sectarismo energético y autorizar sin más dilación la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya emitido un informe favorable que avala técnicamente la continuidad de sus dos reactores».

Desde la Comunidad de Madrid seguirán defendiendo, mantienen, «una política energética seria, equilibrada y basada en el rigor técnico, capaz de combinar energías renovables y energía nuclear para garantizar un suministro seguro, precios competitivos y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, porque esa es la única garantía de crecimiento, empleo, vivienda, inversiones y bienestar».

Claves económicas

En el sentido económico, parece evidente la necesidad de que Almaraz siga funcionando. La ausencia de los dos reactores de la central extremeña habría supuesto un impacto de 4.541 millones en costes añadidos para el tejido industrial español en 2025. A ello habría que sumar otros 4.246 millones en el caso de los consumidores domésticos y las pymes.

Estos cálculos surgen de un reciente informe de la consultora PwC. El documento realiza este ejercicio en un momento clave por dos motivos. El primero, de impacto directo, tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos. Por otro lado, el futuro de Almaraz está en juego en los próximos dos meses, y hay que tener todas las cartas sobre la mesa para conocer las consecuencias.

Así, como desarrolla el documento de la consultora, «en un escenario de gas más caro, suponiendo que Almaraz hubiera cerrado en 2025, habría supuesto un incremento del precio del mercado diario de más de 47 €/MWh». Esta es una cifra muy considerable para que la asuma el sistema.

Bajo todas estas premisas, según datos de PwC, en 2025 la factura eléctrica habría aumentado un 24% para el sector doméstico y las pymes; y el 35% para la industria, con un impacto conjunto de casi 8.800 millones de euros al año que, para un consumidor doméstico, se traduciría en un incremento de unos 144 euros al año en su factura.

informe muy claro

A nivel técnico, el informe preceptivo se basa en 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas del CSN implicadas en el proceso. Además de los documentos elaborados, se está verificando el cumplimiento de las condiciones y compromisos que forman parte de la autorización de funcionamiento vigente a través de la supervisión y control continuo de la instalación que realiza el regulador.

En resumen, el informe del CSN propone mantener los límites y condiciones de la autorización actual, con dos excepciones (una para aclarar el alcance temporal de la renovación y otra para actualizar las revisiones actuales de los Documentos Oficiales de Explotación) y una nueva condición específicamente relacionada con la renovación solicitada (asegurar dotación de personal con funciones relacionadas con la seguridad para 2028-2030).