victoria judicial para marilo montero (60 años). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha aumentado la pena impuesta al paparazzi Gustavo González (59) y Diego Arrabal (54) por intentar comercializar algunas imágenes de la presentadora desnuda.

Así lo establece una sentencia del TSJCat, fechada este miércoles y que da la razón parcialmente a Montero, que pidió aumentar la pena que impuso, en marzo de 2024, a ambos fotógrafos la Audiencia Provincial de Barcelona.

El periodista, que vino a preguntar seis años de prisión para los imputados, apelaron ese primer fallo. el tambien lo hizo —como ahora es evidente, sin ningún éxito— la defensa de los dos acusados, pidiendo su absolución.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona condenó a González y Arrabal, propietarios del paparazzi diegus sla diez meses de prisión por un delito de revelación de secretos, así como al pago de una indemnización a Mariló.

Los hechos procesados ​​ocurrieron durante las vacaciones de Semana Santa de 2015, mientras el periodista se encontraba de vacaciones en Bora Boraen una zona de bungalows.

El lugar había sido elegido estratégicamente por el director de la agencia de viajes que contrató Mariló Montero, interesado en escapar de la prensa tras un episodio conflictivo durante un viaje anterior a Maldivas. Tanto es así, que la presentadora no comunicó el destino del vuelo a sus familiares ni amigos.

Sin embargo, La pillaron con el torso desnudo.en la terraza del bungalow. La agencia Diegus, propiedad de los condenados, obtuvo estas imágenes —nunca se demostró que Arrabal o González los encargaran— y los ofreció a una revista, que rechazó su publicación.

Ahora, el TSJCat recoge la tesis defendida por el presentador: que «a partir de la simple observación de la
fotografías, se deduce su origen ilícito».

«En efecto, visualizarlos demuestra que fueron capturados subrepticiamente mientras la señora Montero y su acompañante eran en una zona geográficamente remota y en la terraza del hotel del bungalow en el que se hospedaban, funcionando de manera tranquila y relajada en el contexto de la expectativa de privacidad propia de quedarse en casa», indica el tribunal.

«En este punto debemos señalar que las fotografías en las que la señora Montero aparece con el torso desnudo tras quitarse el top del bikini adquieren un especial significado intrusivo en la intimidad, ya que La desnudez está estrechamente relacionada con intimidad y privacidad de la persona y exclusión de terceros», añade.

«Si alguien podía apreciar tales circunstancias, más aún podían hacerlo los imputados, profesionales de la información que se dedican precisamente a la captación y comercialización de imágenes de personas con relevancia pública y, por tanto, necesariamente debían ser conscientes de la ilegalidad de las fotografías», concluyen los jueces.

De hecho, destacan que «dicha inferencia» en el derecho a la intimidad del presentador «se ve reforzada» por la declaración del director de la revista a la que se ofrecieron las fotografías, quien «afirmó que apreciaba la ilegalidad en la captación de las imágenes y, por tanto, se negó a adquirirlas».

Finalmente, como hizo la Audiencia de Barcelona, ​​el TSJ catalán confirma que la captura de estas fotografías vulneró la intimidad de Mariló Montero, sin que esta actuación esté justificada en base al derecho a la información.

«Se trata de fotografías tomadas clandestinamente, utilizando dispositivos especialesy captaron imágenes de la perjudicada que, por su contenido, afectan el núcleo duro de su intimidad personal, en un contexto de expectativa razonable de privacidad», indica la sentencia del TSJ.

La Audiencia de Barcelona ya ha concluido que las imágenes fueron captadas «sin que se sepa por qué medio concreto». Por el ángulo de visión y su nitidez, debió ser a través de un potente teleobjetivo, quizás utilizado desde un barco.

Sí quedó acreditado, sin embargo, que la empresa Diegus SL, propiedad de los condenados, un día antes de la llegada de Mariló Montero a Bora Bora, reservó otro bungalow en el mismo complejo. La empresa pagó su coste, pero nunca se supo quién la ocupaba y si esta persona tomó o no las fotografías.

La sentencia del TSJ catalán aún no es firme. Puede ser recurrida, tanto por Mariló Montero como por los condenados, Diego Arrabal y Gustavo González, ante el Tribunal Supremo, que tendría, en su caso, la última palabra.