Las elecciones en Castilla y León ponen a prueba las propuestas energéticas de los principales partidos. Para bien o para mal, los grandes proyectos renovables están en el centro de los programas electorales, mientras que los reactores nucleares, el almacenamiento, el hidrógeno e incluso la creación de una empresa pública de energía se encuentran entre las iniciativas más destacadas de todo el espectro político.

Tras las elecciones en Aragón, las elecciones castellano-leonesas servirán para medir a nivel nacional el rumbo de la política española en los próximos meses.

En materia energética, hay aspectos clave a destacar en las estrategias que proponen los candidatos para estas elecciones en un contexto cambiante y donde los proyectos renovables acaparan gran parte de la atención.

Por ejemplo, el Partido Popular liderado por Alfonso Fernández Mañueco centra su política energética en sector industrial de la comunidad.

Además de impulsar las tecnologías eólica, solar, hidráulica y biomasa, su programa incluye impulsar el uso de energías renovables como el autoconsumo solar en nuevas plataformas terrestres industriales y en las existentes, para que los polígonos sean sostenibles y más eficientes.

El PP también habla de impulsar el «Despegue del almacenamiento de energía a gran escala» a través de proyectos de plantas y sistemas hidráulicos reversibles ser único (baterías).

En esta línea, pretende facilitar la «implantación de nuevas industrias» como los centros de datos o la fabricación de baterías. Sin embargo, predice convertir Castilla y León en una comunidad “business-friendly”.

Por su parte, el PSOE de Carlos Martínez propone reforzar El papel de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como centro de referencia en I+D energéticacon especial impulso al hidrógeno verde y al almacenamiento.

Su plan apuesta por una transición justa en las regiones mineras mediante comunidades energéticas locales, nuevos parques empresariales vinculados a la economía circular y la automoción, y la reconversión del entorno de la central nuclear de Garoña en un «nodo energético y cultural», cerrada en 2013 y cuyo desmantelamiento se inició en 2023.

También plantea promover redes de carga eléctrica y centrales hidroeléctricas y promover la movilidad sostenible a través del transporte público, la electrificación ferroviaria y la renovación de flotas y la creación de «hubs de reciclaje de baterías industriales» que combinen la recuperación y reutilización de materiales para energías renovables, entre otras iniciativas.

Vox quiere un minirreactor nuclear y podemos prohibirlo

Vox lleva en su programa iniciativas relacionadas con la energía nuclear. Por un lado, sigue apostando por ««el renacimiento de la industria nuclear nacional»exigiendo al Gobierno que alargue la vida útil de todo el actual parque nuclear.

Asimismo, señala que impulsará la elaboración de un estudio para «evaluar la posible instalación de un pequeño reactor modular (SMR)» con el objetivo de reactivar económicamente el valle de Tobalina, «gravemente afectado por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña».

En el lado opuesto del tablero está Podemos-Alianza Verde. La coalición morada quiere establecer la prohibición de instalar centrales nucleares en todo el territorio de Castilla y León, «ya sean de diseño antiguo o de nueva generación», así como plantas térmicas y de ciclo combinado de gas.

Desde Vox también se centran en «proliferación de macroparques eólicos y fotovoltaicos» yn zonas de alto valor medioambiental y acusaciones contra los lobbys de las energías renovables que, a su juicio, han actuado en connivencia con PP y PSOE y sólo responden a «fines especulativos». El partido de Carlos Pollán atribuye esta situación a corrupción política como la «complot del viento».

En esta línea, no es el único partido que cuestiona la marcha de los macroproyectos renovables, sino que las formaciones de izquierda del espectro político y los regionalistas ponen el acento en este tipo de instalaciones.

Moratorias o bloqueos de biogás y otros proyectos renovables

De Unión del Pueblo Leonés pide que se eviten macroproyectos «agresivos» que supongan un riesgo medio o algún riesgo para el medio ambiente y señalan que impedirán la implementación de instalaciones cerca de núcleos urbanos o fuentes de agua que puedan estar contaminadas o zonas de alto valor ecológico.

«Acerca de plantas de biogás, consideramos que debería haber una moratoria para que no se autoricen más proyectos mientras no haya una planificación específica», indica el partido.

Esta deberá incluir garantías ambientales y sanitarias, con una distancia mínima de 3 kilómetros de cualquier núcleo urbano, para protegerse de la «emisión de gases tóxicos, malos olores o contaminación de acuíferos» que, a su juicio, «Podrían actuar como un llamado a la instalación de macrogranjas».

Desde Podemos-Alianza Verde optan directamente por bloquear cualquier macroproyecto energético queque «no cuenta con una evaluación de impacto ambiental rigurosa» y que atenta contra la biodiversidad o el paisaje de los territorios.

Izquierdas y regionalistas apuestan por una empresa pública de energía

En casi todos los partidos de izquierda y regionalistas Destaca también la iniciativa de crear una empresa pública de energía. Tanto Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida, que acude con Sumar, como Soria Ya! partido Se muestran partidarios de tener una entidad pública en Castilla y León.

Podemos señala que esta empresa gestionará directamente la generación renovable y su comercialización, «Garantizar que la energía sea un derecho y no una mercancía.«bajar la factura a familias y pymes de la comunidad», mientras que Soria Ya! indica que el objetivo sería liderar el desarrollo de las energías renovables de titularidad pública e impulsar las comunidades energéticas locales, especialmente en el ámbito rural.

También podemos proponer Crean “oficinas antiabuso energético” en Castilla y León prevenir y corregir abusos en la factura de la luz y el gas, así como «promover la transición energética desde la participación ciudadana y la equidad territorial».

Desde el partido Unión del Pueblo Leonés, la propuesta para impulsar la prestación de una línea específica de subvenciones para la instalación de paneles solares en edificiosya sean centros residenciales o de trabajo, que promuevan el autoconsumo y la sostenibilidad.