Entra en vigor la prohibición de llamadas comerciales desde números de móvil para combatir estafas
Las empresas y entidades públicas tienen prohibido, desde este sábado, efectuar llamadas comerciales a través de móviles en virtud de un plan del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública encaminado a combatir las estafas telefónicas y por mensajería móvil. A partir de este sábado, solo se pueden realizar llamadas comerciales desde números especialmente atribuidos para ello (por ejemplo, números como el 1004 de Telefónica) o desde un sistema de numeración que identifica la ubicación geográfica de una línea, según han informado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública.
Las llamadas comerciales sin consentimiento previo ya estaban prohibidas desde junio de 2023, cuando entró en vigor la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Ahora se ha dado un paso más, en este caso, encaminado a prevenir posibles estafas. Sí podrán, como novedad, realizarse llamadas de este tipo desde un 900 u 800, números que antes solo estaban habilitados para realizar llamadas y ahora lo están también para recibirlas y serán gratuitos.
Estas medidas forman parte de un plan contra estafas telefónicas, que se incluyó en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de febrero y que entró en vigor en una primera fase el pasado 7 de marzo. Desde ese día, los operadores han tenido la obligación de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido asignada a ningún usuario ni servicio y han bloqueado ya más de 14 millones de llamadas, una media de 235.600 llamadas y 10.000 mensajes al día, según anunció el Ministerio esta semana.
A partir de hoy entran en vigor dos nuevas medidas del plan: una es la prohibición de realizar llamadas comerciales desde móviles y, la segunda, la de efectuar llamadas y SMS de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano. Esta medida se fija teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española. Esta se trata de una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico.
Bloqueos desde Telefónica
La mayoría de estos bloqueos se han efectuado desde Telefónica, han informado a EFE fuentes del operador. «Nuestra temprana implantación de los mecanismos de bloqueo hace que la mayor parte se hayan efectuado desde nuestra red», informa la compañía. Según ha explicado, aunque esta medida entra en vigor este sábado, la multinacional española ha sido «pionera» en aplicar desde marzo ya el bloqueo de llamadas y mensajes con origen internacional y que utilicen numeración española, excepto en caso de itinerancia internacional legítima.
La última medida del plan que entrará en vigor, el 7 de junio de 2026, es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS, con el fin de evitar aquellas comunicaciones en las que se manipule la identidad del emisor. Esta base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores. Así se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación.
En estas llamadas se suele pedir al ciudadano que facilite sus claves personales, que acceda a una web o llame a un número telefónico, que realicen una transferencia o contrate un servicio. Según datos del Ministerio de Transformación Digital, países como Filandia han tomado medidas muy parecidas y han reducido al 90% sus estafas.
El incumplimiento de estas medidas están tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones como infracción grave y son susceptibles de recibir una sanción de hasta 2 millones de euros, según fuentes del Ministerio. De acuerdo con las fuentes, cuando se empezó a tramitar la orden, a principios del año pasado, el 50% de los fraudes se cometían mediante estas prácticas a las que afecta esta normativa, que está en línea con medidas que ya se han implantado en Francia, Alemania y Bélgica, además de Finlandia.
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