Entre el desorden y el caos
No es solo en nuestra Administración, la asturiana, donde destellan muestras patentes de desorden, pero en ella son notables últimamente. Un ámbito en el que han florecido ha sido en el de la gestión de la dependencia, con atrasos inaceptables en la tramitación de los expedientes, más de 450 días, y el colapso producido a raíz de la implantación del nuevo sistema digital de gestión, con miles de expedientes duplicados. Tan es así que el propio presidente Barbón se ha visto obligado a reconocer en la Xunta que «en la gestión de la dependencia no lo estamos haciendo bien».
[–>[–>[–>Pero si una parte de ese desorden y desatención puede ser explicada por falta de sabiduría y prudencia al aplicar el nuevo sistema, lo que no tiene justificación alguna es lo que ha ocurrido con la minería del carbón. Y no me refiero al desgraciado accidente de los cinco mineros muertos en Cerredo el 31 de marzo de 2025, de lo que se ocupa la comisión creada para investigarlo y se ocuparán los tribunales, sino a la chapuza administrativa que salió a la luz con motivo de las pesquisas sobre esas muertes.
[–> [–>[–>Esta es la cuestión, el misterio o el nombre que ustedes, si son maliciosos, quieran ponerle: la Decisión 2010/787/UE de la Unión Europea obligó a cerrar todas las minas de carbón que necesitasen ayudas públicas desde el 1 de enero de 2019. En consecuencia, cerraron prácticamente todas las minas de Asturies, Aragón y Castilla León. Ahora bien, la Administración asturiana buscó un recoveco legal para que se reabriese alguna mina. En vista de ello, el Ministerio para la Transición Ecológica estableció en 2021, en la Ley de Cambio Climático, una disposición que impedía la interpretación que Asturies hacía de la Decisión 2010/78/UE.
[–>[–>[–>
En todo caso, lo más sorprendente, es que desde 2019 el carbón que se extraía en Asturies -el de esas minas que «volaban bajo el radar»- desapareció de las estadísticas. Ni Asturies aportó datos al respecto ni el Ministerio los pidió. Desde Madrid afirman que no tenían constancia de que en Asturies hubiese alguna mina abierta. Aquí «no se actualizaron los registros, pero volverán a aparecer en las estadísticas de 2025», afirma nuestro Gobiernu. Para ser justos y evitar interpretaciones maliciosas prima facie hay que decir que existe un criterio dispar de lectura de la ley entre Madrid y Uviéu.
[–>[–>[–>El Gobierno no solo navega en el desorden, sino que es capaz de provocar el caos. Así, después de representar una comedia de dos horas a las puertas de Canosa, digo de la sala de reuniones, negándose a entrar hasta que no les diesen lo que querían, Sumar consiguió que el PSOE elaborara un decreto embustero (fake), el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, prorrogando los contratos de arrendamiento de vivienda y limitando su subida. Como previsiblemente este documento será rechazado en su tramitación parlamentaria –por eso, es «embustero»–, se abre un plazo de renegociación de contratos en condiciones que cesarán una vez se rechace dicho texto. El caos en los juzgados y las disputas entre propietarios e inquilinos morosos, con sus abogados por medio, está servido.
[–>[–>[–>
Y lo de Adamuz, al margen de lo principal, la tragedia, es un desordenado sainete: tramos de vía que desaparecen, informes que se contradicen, nuevos raíles que se encuantran, carriles cuya procedencia se ignora… Menos mal que el Estado está en manos de gente de orden.
[–>[–>
[–>¿Y qué me dicen de lo de Indra, de la que tantas inversiones y empleos esperábamos en Asturies? El Ejecutivo aupó en su día a Ángel Escribano a la presidencia de la compañía, hace no más de un mes prohibió que Indra se fusionase con EM&E Group, empresa familiar de Escribano, después presionó y presionó hasta que el conminado dimitió. El Gobierno aúpa ahora a Ángel Simón, un hombre próximo al PSC y al PSOE. ¿Cómo quedarán aquellas inversiones en nuestro país?
[–>[–>[–>
Y, por no callarlo: el lamentable caos que la huelga de médicos provoca en la sanidad: en los pacientes que esperan consulta, revisión o cirugía. Porque el blanco de esas huelgas no son los ministros ni las acciones de ninguna empresa. Son los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas y el ariete, y a la vez blanco, los ciudadanos a la espera de atenciones o en demanda de ellas. n
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí