Específicamente, España ha sido sentenciada por el Centro Internacional de Acuerdo de Diferencias de Inversión (Ciadi) compensar a Mitsui por esa cifra cerca de 40 millones. El premio, emitido el 6 de marzo y confirmado en mayo, reconoce la obligación de España de pagar 31.5 millones de euros en daños, más 5.5 millones en intereses de retraso.

También impone el pago de 215,000 euros por los costos de arbitraje y otros 2.2 millones para que la condena cubra las costas legales incurridas por la compañía exigente.

En este momento, el Ministro de Transición Ecológica, Sara Aagesenmantendrá la misma línea de acción que su predecesor en el cargo, Teresa Riberay del gobierno no pagarán los montos reclamados.

En el último caso, la información, facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a las preguntas del popular Diputado Juan Diego Requena, confirma que Mitsui inicialmente había reclamado 199 millones de euros por las pérdidas sufridas después de los cambios implementados por los sucesivos gobiernos españoles que, entre 2010 y 2014, revirtieron retroactivamente las primiencias renovables.

La compañía japonesa, con una presencia internacional sobresaliente en sectores como energía, infraestructura o industria, invirtió en proyectos de energía renovable en España que se vieron afectadas por la reforma del sistema premium, que dio lugar al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el tratado de la carta de energía.

De hecho, Mitsui tiene varias inversiones en el sector de energías renovables españoles, y cuenta, entre otros, con la participación en la planta térmica ‘Palma del Río’ (Córdoba), en la que es miembro de FCC y que se anunció con una inversión total de 272 millones de euros.

Este premio se une a otras 25 decisiones similares emitidas por Ciadi en los últimos años, en los que también ha fallado contra España por recortes retroactivos de primas renovables. Esta circunstancia ha motivado un creciente debate sobre la certeza legal y la estabilidad regulatoria en el sector energético español.

En total, Los 26 premios que condenan España tienen la obligación de pagar 1,510 millones de euros por compensaciónLa cifra se agregará 375 millones más debido a sentencias en costas, honorarios de abogados y consultores, retrasar intereses, etc. La cifra agregada asciende a 1,885 millones.

Un triunfo para el gobierno

Esta situación ocurre dos meses después de que España logró una pequeña victoria, excelente, con respecto a las afirmaciones de fondos internacionales en los premios.

La Comisión Europea (CE) dio un impulso a la decisión sin precedentes de Pídale a España que no pague nada en un caso específico.

Fue un premio arbitral de 2018 a favor de Antin. Lo que la CE estima es que es una ayuda estatal ilegal, de modo que si España paga la compensación reconocida por el premio, violará las regulaciones comunitarias. En consecuencia, ordenó a España no desembolsar los 101 millones de euros reconocidos en el premio y que garantiza que no hay otro pago, ejecución o aplicación de la falla de arbitraje, ya sea a Antin o cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados de él.

Esta decisión que llega de Bruselas, unos meses después de que Teresa Ribera haya aterrizado en la comisión, es una experiencia muy favorable para los intereses españoles que, en los últimos meses, solo había recibido malas noticias en esta área.