El descontento laboral sigue siendo una realidad para gran parte de los trabajadores españoles. La búsqueda de mejores condiciones económicas sigue liderando las principales motivaciones para cambiar de empleo. Según un estudio de MiCVideal, El 67% de los trabajadores está abierto a cambiar de empresa si encuentra una oportunidad que cumpla con ciertas expectativas. Entre quienes se plantean dar este paso, el 53% señala que su principal objetivo es conseguir un salario más alto que les permita mejorar su situación económica y afrontar el aumento del coste de la vida con mayor tranquilidad.

Junto con las cuestiones salariales, la salud mental y el bienestar han adquirido un papel cada vez más importante en las decisiones profesionales. El informe refleja que un El 37% de los trabajadores se plantea cambiar de trabajo para reducir el estrés laboral y mejorar tu calidad de vida. La carga de trabajo, la presión constante, la falta de reconocimiento o las dificultades para conciliar la vida personal y profesional son algunos de los factores que están empujando a muchos empleados a replantear su futuro laboral y buscar entornos más saludables.

Sin embargo, hay casos en los que el malestar no deriva sólo de la insatisfacción profesional, sino también de comportamientos empresariales que pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. Lo que muchos empleados no saben es que ciertos incumplimientos graves por parte de la empresa pueden permitirle extinguir la relación laboral sin perder sus derechos económicos, accediendo tanto a indemnizaciones como a prestaciones por desempleo a través de un mecanismo conocido popularmente como “autodespido”.

Así se regula el «autodespido» en el Estatuto de los Trabajadores

La posibilidad existe desde hace décadas en la legislación española, aunque ha cobrado especial relevancia tras la reforma del artículo 50 de la Estatuto de los Trabajadores que entró en vigor el 3 de abril de 2025. Técnicamente no se trata de una renuncia voluntaria ni de un despido, sino más bien de una extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario. La principal novedad de la reforma es que introduce criterios objetivos para determinar cuándo los impagos o retrasos salariales permiten solicitar este cese.

Actualmente, basta con que la empresa deba tres mensualidades íntegras en el plazo de un año, aunque no sean consecutivas, para que el trabajador recurra a los tribunales. Además, esta posibilidad también se reconoce cuando el Los retrasos en el pago de salarios se producen desde hace seis meses, aunque no son continuos. La ley considera que existe retraso cuando el salario se paga más de quince días después de la fecha pactada.

Otras causas que pueden justificar la resolución del contrato

La reforma pretende reforzar la protección de los trabajadores frente al incumplimiento salarial prolongado y poner fin a la inseguridad jurídica existente hasta ahora. Anteriormente, la norma no establecía un número concreto de nóminas impagadas ni un periodo concreto de retrasos, por lo que eran los tribunales quienes debían valorar en cada caso si la conducta empresarial era suficientemente grave. Además de los impagos y retrasos salariales, se contemplan otras causas que pueden justificar la resolución indemnizada del contrato, como modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que lesionen la dignidad del trabajador, incumplimientos graves de obligaciones empresariales o situaciones relacionadas con el acoso laboral o sexual.

Derecho a prestaciones e indemnizaciones por desempleo

Sin embargo, los expertos recuerdan que el trabajador no puede simplemente dejar de ir a trabajar y dar por terminada la relación laboral. Para beneficiarse de esta protección, es imprescindible presentar una reclamación ante el tribunal competente y acreditar el incumplimiento mediante pruebas como nóminas, extractos bancarios, correos electrónicos o cualquier documento que demuestre impagos o retrasos. Será el juez quien determine si procede la resolución del contrato. De obtenerse resolución favorable, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente al provisión por despido improcedente, con carácter general de 33 días de salario por año trabajadoademás de poder reclamar las cantidades pendientes y acceder al desempleo.