Estos son los 5 mayores retos de los polígonos industriales en Catalunya
Los retos estructurales que lastran el desarrollo de los polígonos industriales de Catalunya han reflotado, en boca de ayuntamientos y empresas, cuando el Govern prepara su relanzamiento. El ejecutivo catalán ha incluido diversas actuaciones en torno a estas infraestructuras, como el despliegue de un plan estratégico, en su hoja de ruta económica. Como avanza EL PERIÓDICO, en junio el Departament d’Empresa i Treball presentará un diagnóstico actualizado que potencialmente podría culminar en una futura Ley de Polígonos.
Ese estudio constatará las problemáticas que administraciones, agentes económicos, sindicatos y sector industrial han relatado a este diario. Desde déficits crónicos como la falta de acceso en transporte público o las carencias de conexión digital, pasando por la poca integración en las tramas urbanas de las ciudades hasta la indefinición regulatoria en torno a la gobernanza y la financiación de su costoso mantenimiento.
Las empresas localizadas en polígonos industriales catalanes llevan años poniendo sobre la mesa las carencias de las infraestructuras, corroboran fuentes de Foment del Treball. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona las tiene meridianamente estudiadas. Por ejemplo, la entidad destaca los problemas de mantenimiento, iluminación, acceso a energía o conectividad digital. También las carencias de conexión con el transporte público y las dificultades para la movilidad de los trabajadores.
«Los polígonos son espacios idóneos para la innovación en energía, residuos, logística o digitalización, pero a menudo carecen de herramientas para activar estas transformaciones», lamenta el gerente del Pacte, Carles Rivera. «Es esencial reforzar las infraestructuras viarias, ferroviarias, digitales y energéticas para garantizar una efectiva conectividad en todo el territorio. Esta vertebración es clave para evitar desequilibrios y asegurar que ningún municipio quede atrás en términos de desarrollo industrial y económico», rubrica la presidenta de la Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó.
Un segundo reto que subrayan las fuentes consultadas es el de una gobernanza confusa que no precisa las responsabilidades y competencias en torno a los polígonos industriales. Por una parte, los agentes económicos apremian a implementar una mirada territorial que trascienda los términos municipales. «La fragmentación administrativa actual dificulta la gestión eficaz de los espacios industriales, especialmente cuando se extienden por varios municipios o tienen una función económica que excede el ámbito local», señalan fuentes de Foment del Treball. De hecho, el a priori etéreo debate sobre la gobernanza de la Gran Barcelona tiene mucho que ver con cuestiones tan concretas como la política industrial.
Por otra parte, el reto también pasa por afrontar la gobernanza en un sentido estricto de la competencia: objetivar a quién y de qué forma le corresponde financiar el mantenimiento de los polígonos, en palabras de Silvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons de Catalunya (UPIC). En este contexto, cobran importancia las denominadas entidades de gestión, existentes únicamente en un 20% de los polígonos catalanes.
El interrogante de la gobernanza entronca con el problema de la financiación del mantenimiento de los polígonos, cuyo peso ha recaído hasta ahora en la administración pública local y sus maltrechas finanzas. A juicio de Solanellas, sector industrial y consistorios están condenados a entenderse. «Si las empresas pagan un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y un Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un porcentaje de esos gravámenes debería ir a arreglar los polígonos», apunta Solanellas, si bien reconoce que a la fórmula debería encontrársele un encaje legal.
Una posible alternativa, esgrimida tanto por la UPIC como por el Pacte Industrial, pasa por aplicar el modelo valenciano: fijar una clasificación de polígonos para que oriente las inversiones públicas prioritarias. Es decir, incentivar a los ayuntamientos a un mantenimiento mínimo de los polígonos para que, al adquirir una determinada categoría, puedan acceder a las mayores inversiones del Govern. «Las empresas asumen una carga fiscal importante, en el IBI o en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), pero pocos municipios las cuidan bien», lamenta Neus Olea, directora de la Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat.
Otro de los desafíos históricos de los polígonos que contempla el Pacte Industrial es el de la plena integración en las ciudades a las que pertenecen. «A menudo se encuentran desconectados del tejido urbano y social», lamenta Rivera. La entidad apuesta por «espacios amables y humanizados que contribuyan al desarrollo de la vida cotidiana de los trabajadores», en buena medida porque, para optar a inversiones municipales, a los polígonos les interesa ser parte de las poblaciones donde se ubican y aportar valor al comercio local.
Por último, algunas fuentes apuntan a que la ausencia de una regulación propia de polígonos en Catalunya obstaculiza el desarrollo de las infraestructuras. Es el caso del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que entiende que una futura Ley de Polígonos es condición necesaria para reconceptualizar los espacios industriales y, en último término, garantizar las condiciones laborales de los miles de trabajadores del sector industrial. El Pacte Industrial y la UPIC, sin embargo, no tienen tan clara la necesidad de una nueva herramienta, abriéndose por ejemplo a una reforma legal de la actual Ley de Áreas de Promoción Económica Urbana, que regula parcialmente los polígonos. «Si no tiene asignada una buena financiación y no está dirigida a acciones concretas, una ley por sí misma no resuelve los problemas», coinciden los agentes del sector industrial.
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