Europa es solidaridad, no privilegios
El pasado 1 de enero se cumplieron 40 años del ingreso de España en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Fue la tercera ampliación –la Europa de los Doce– de aquel proyecto de unidad, solidaridad y reglas comunes que después, a partir de 1993 y con el Tratado de Maastricht, sería la Unión Europea.
[–>[–>[–>España ha cambiado enormemente entre 1986 y 2026. El ingreso fue fundamental para la modernización política, económica y social, el desarrollo del Estado del bienestar, la mejora de las infraestructuras y el gran salto adelante en niveles de renta.
[–> [–>[–>Es bueno reflexionar sobre estos años. Es lo que llevó al rey Felipe VI a celebrar el 40 aniversario en Estrasburgo el miércoles, después de haber visitado el día anterior escenario de la tragedia ferroviaria de Córdoba que ha llenado de luto nuestros corazones. Y lo hizo recordando que «nunca como en estos tiempos oscuros ha sido la idea de Europa tan necesaria».
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Es bueno reflexionar, porque el proyecto europeo se ha asentado sobre la base de la superación de privilegios y desigualdades, sobre la idea de no tolerar las arbitrariedades y asegurar la cohesión y la estabilidad: garantizar, en otras palabras, que los territorios y los ciudadanos europeos compitan en condiciones iguales.
[–>[–>[–>Si Europa es algo, es unión, no división; es la búsqueda de la cooperación, no la siembra de la discordia; es afianzar la solidaridad, no atizar el egoísmo. La Unión Europea construye puentes, no levanta muros. Y por eso es llamativo el contraste entre estos valores y algunas realidades del paisaje político español actual.
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La más lacerante de los últimos días tiene que ver con el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una financiación irregular y asimétrica de las autonomías. Justo cuando se cumplen 40 años del ingreso de España en un espacio de integración y reglas comunes, la contradicción es ensordecedora. Hay que hacer una gran reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas, que son la base del Estado y de la vida de los españoles –sanidad, educación, seguridad–, y en lugar de buscar el consenso y la transparencia, el proyecto de La Moncloa se basa en concesiones bilaterales ajenas al interés general. Cabe preguntarse: ¿en qué momento se negocia con un inhabilitado por el Tribunal Supremo que pretende romper y desintegrar España?
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[–>Desde Bruselas es más fácil aún ver el despropósito del Gobierno, que rompe el principio básico al que antes me refería: la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan. Con los criterios y valores europeos en la mano, este proyecto de financiación no se tiene en pie: trata de llegar a acuerdos particulares fuera del sistema común, quiere introducir privilegios fiscales y financieros para un territorio frente al resto, carece de criterios objetivos de solidaridad y equilibrio y utiliza groseramente la financiación de las autonomías como moneda de cambio para sostener la mayoría parlamentaria.
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Sánchez divide para sobrevivir. La UE une: no mantiene regímenes a la carta dentro de un mismo país; exige disciplina fiscal, cohesión territorial y solidaridad interregional. Lo que el Gobierno pretende no tiene encaje en el modelo europeo que celebramos. Y el llamado principio de ordinalidad es la clave del dislate. Si esa ordinalidad -que el que más tiene reciba más- se aplicara en la Unión Europea, el sistema de redistribución de riqueza experimentaría un cambio radical que desembocaría en una reasignación brutal de recursos: Alemania, principal contribuyente neto, recibiría 125.000 millones de euros más. España, receptor de fondos de cohesión, perdería 115.000 millones del dinero europeo.
[–>[–>[–>Trasladado a Asturias, el modelo asimétrico que implica la propuesta del Gobierno sería un desastre. El Principado no pide privilegios: lo que quiere es igualdad, justicia y reglas claras para todos. Lo contrario significa menos dinero para industria, sanidad, educación, dependencia y servicios públicos. Es lo que le pidió Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, al jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón: que haga lo mismo que García Page y «defienda a Asturias por encima de los intereses de Sánchez».
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Como le gusta decir a Felipe González –que presidía el Gobierno hace 40 años–, el 1 de enero de 1986 fue «más un punto de partida que un punto de llegada». Reflexionar sobre estos 40 años nos recuerda que ingresamos en Europa para dejar atrás las arbitrariedades y apostar por la igualdad; que la financiación autonómica tiene que ser justa, transparente y solidaria, y que sería hipócrita celebrar los principios europeos en Estrasburgo y cargárselos en La Moncloa; que Asturias merece el mismo respeto que el resto de las regiones, y que no hay mejor celebración del proyecto europeo que defender la igualdad entre todos los españoles.
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