FISCAL GENERAL INVESTIGADO| El fiscal general encara una semana crucial ante el Supremo con su nombramiento en el aire y su declaración como imputado
Desde su nombramiento en julio de 2022, no ha dejado de protagonizar titulares de prensa que ponen en cuestión su papel al frente de la Fiscalía General del Estado, pero es ahora cuando Álvaro García Ortiz encara una semana decisiva ante el Tribunal Supremo. Será el primer designado para este puesto que declara en calidad de investigado en una causa penal, y está citado tan solo un día después de que una otra Sala del alto tribunal delibere sobre la posibilidad de anular su nombramiento.
[–>[–>[–>[–>En ambos procedimientos está personada contra García Ortiz una asociación de fiscales, la Profesional e Independiente (APIF), de implantación muy reducida en la carrera, si bien desde la mayoritaria Asociación de Fiscales también se viene reclamando su dimisión de forma recurrente por ambos asuntos. Lejos de atender estas solicitudes, García Ortiz defiende férreamente su legitimidad en el cargo y su inocencia en la causa que se abrió contra él la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre.
[–>Se le investiga por una supuesta revelación de secretos relativa al intercambio de correos electrónicos que mantuvo con la Fiscalía de Madrid la defensa de Alberto Gómez Amador –pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– con el fin de alcanzar un pacto frente a la denuncia que se había presentado contra él por fraude a Hacienda y falsedad documental.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>
El primer round tendrá lugar el martes 28 de enero. Es entonces cuando una sala integrada por cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tiene en su mano anular su nombramiento a petición de APIF, que argumenta que la designación de García Ortiz –la primera en democracia que se realiza sin el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial– debe declararse nula por tratarse de un nombramiento «pro gubernamental».
[–>[–>[–>[–>Desviación de poder
[–>[–>[–>
El recurso de APIF contra García Ortiz pivota sobre su falta de idoneidad para el desempeño del cargo que se acredita, según los demandantes, en la reiterada «sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves» que culminaron con la anulación por el propio alto tribunal del ascenso a la cúpula fiscal que García Ortiz propició para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Este ascenso fue calificado por el alto tribunal como «desviación de poder».
[–>[–>[–>
La tramitación del recurso, presentado el pasado mes de abril, ha contado además con incidentes procesales inéditos hasta la fecha. En mayo del pasado año, cuatro de los magistrados — Pablo Lucas, Luis María Díez -Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero— rechazaron la petición del fiscal general de apartarse del procedimiento argumentando que lo contrario significaría inhabilitar al Supremo para ejercer su función constitucional y crear «espacios de inmunidad».
[–>[–>
El fiscal general les acusaba de haber resuelto en su contra otros asuntos en contra de su política de nombramientos en la Fiscalía, por lo que no les considera lo suficientemente imparciales para revisar su designación. Únicamente dejó fuera de estas acusaciones a Pilar Teso, de sensibilidad progresista.
[–>[–>[–>
García Ortiz declarando
[–>[–>[–>
De prosperar el recurso contencioso, cuya ponencia ha correspondido a Requero, un magistrado situado en el ala más conservadora del Supremo, García Ortiz dejaría de ser fiscal general y, por lo tanto, pedería su aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La causa por revelación de secretos debería volver entonces previsiblemente al órgano que inició las pesquisas, el Tribunal Superior de Madrid. No obstante, no es seguro que el mismo martes se conozca el fallo y, en todo caso, de ser éste favorable a la asociación de fiscales deberá contarse con una sentencia redactada y notificada formalmente para que tenga efectos jurídicos.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>De este modo, lo más probable es que pase lo que pase el martes –a no ser que se produzca un aplazamiento– García Ortiz acudirá un día después a declarar ante el magistrado Andrés Hurtado, que instruye la causa contra él y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
[–>[–>[–>
Testimonio de Lastra
[–>[–>[–>
En una investigación que pone el foco en la presunta filtración de un correo electrónico sobre el pacto que el abogado del empresario, Carlos Neira, pretendía alcanzar con la Fiscalía –y que incluía el reconocimiento expreso de los delitos tributarios– ha sido muy relevante el testimonio prestado el pasado 16 de enero por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra le preguntó al propio fiscal general «¿Has filtrado tú?» la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ambos trataban la publicación de una nota de prensa que saliera a desmentir la información que atribuía la iniciativa del pacto al Ministerio Público. Así lo manifestó en el Supremo, para añadir que García Ortiz, lejos de negárselo respondió: «Eso ahora no importa».
[–>[–>[–>
Otro testimonio de Lastra que cerca al fiscal general en este asunto es al relativo a la conversación que mantuvo la noche anterior a la difusión de la nota de prensa con la otra imputada, Pilar Rodríguez. Según se desprende de la transcripción de sus manifestaciones ante el juez Hurtado, en las que la fiscal superior defendió que se contaba con datos suficientes para hacer la nota de prensa dirigida a desmentir informaciones incorrectas sin necesidad de acudir a los correos. “Para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar. Pilar, haz el favor de no hacer nada más, nada más», llegó a decirle a la jefa provincial.
[–>[–>[–>
Por su parte, la defensa de Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, niega la mayor, y defiende que los correos intercambiados entre la defensa del empresario y la Fiscalía no, eran más «conversaciones preliminares» no protegidas por el secreto. «A la vista de esta circunstancia, resulta difícil sostener que los datos e información que contenían los correos electrónicos objeto de esta causa especial merezcan la protección penal que dispensa el artículo 417 del Código Penal«, argumenta.
[–>[–>[–>[–>
Mientras tanto, y con independencia de la declaración fijada para el próximo miércoles, el juez Hurtado sigue indagando en el borrado de los mensajes en el teléfono de Álvaro García Ortiz en las fechas en las que pudieron filtrarse los e-mails que centran su investigación. Así, mientras espera los datos reclamados a las operadoras telefónicas y los gestores de mensajería, indaga en la normativa interna del Ministerio Público sobre el uso de móviles y e-mails, y ha preguntado si los dispositivos entregados por García Ortiz fueron formateados.
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí