MADRID 18 mar. (EUROPA PRESS) –

Durante 2025, los centros penitenciarios incautaron un total de 2.466 teléfonos móviles en establecimientos dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, lo que eleva a 13.208 el número de terminales incautados desde 2021.

«Genera un mercado negro y amenaza la seguridad», indicó el sindicato Acaip-UGT, que advierte de que se trata de un problema recurrente en las cárceles, donde calculan que «más de seis terminales son detectados cada día por los empleados de las prisiones públicas».

Según Acaip-UGT, los teléfonos móviles siguen siendo uno de los principales objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, lo que supone un «grave riesgo para la seguridad y el control de las comunicaciones de los internos».

DRONES Y FALTA DE MEDIOS DE DETECCIÓN

«Estos dispositivos pueden utilizarse para coordinar redes criminales, mantener el control de actividades ilícitas o contactar a víctimas en casos de violencia de género, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de instalaciones críticas del Estado», añadió.

Acaip-UGT ha alertado de la «obsolescencia de muchos sistemas de inhibición de señales» y de la falta de medios para detectar estos objetos prohibidos, a pesar de que cada vez se utilizan métodos más sofisticados para introducirlos en los centros penitenciarios.

«A su reducido tamaño y facilidad de ocultación se suma el uso de drones, que permiten depositar paquetes en los centros con gran precisión, dificultando las labores de prevención y facilitando la entrada de dispositivos más sofisticados con acceso a Internet», advierten.