El Condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos confidenciales ha golpeado duramente a la política española este jueves. Para el PP, la sentencia judicial debería suponer la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, Los socios gubernamentales han cerrado filas. Han mostrado su firme apoyo a García Ortiz y su rechazo a la condena, que han llegado a calificar de «golpe judicial en toda regla».

Por un lado, fuentes de Agregar han declarado a laSexta que «la condena del fiscal general es la prueba más clara de que algunos Sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno».

Han aseverado que «esta sentencia se basa en pruebas débiles y sin una sola prueba directa de filtración» y que «sólo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país». Para Sumar, este es un caso con «una gravedad institucional absoluto».

«Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: un caso construido sobre meras sospechas, inferencias sin fundamento y contradicciones internas indicado incluso en las votaciones individuales. «No aceptaremos que se utilice el Estado de derecho para desestabilizar a un Gobierno legítimo», añadieron.

El principal socio de la coalición ha criticado que, mientras se condena a García Ortiz, «Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y que reconoció en el propio juicio que filtró un bulosigue impune».

«Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su socio, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un acuerdo para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien negó una mentira, no a quien la fabricó», añaden.

Han concluido que «Criminalizar a la Fiscalía es injusto»destacando que «siempre estaremos del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas».

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica Garcíaha afirmado que esta frase «Quien queda a los pies de los caballos es toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, que acaban de recibir un golpe letal.

«50 años de democracia merecían algo más que dejarlo todo atado y bien atado», argumentó en X.

Críticas a la politización judicial

Por su parte, fuentes de Izquierda Republicana Han manifestado que no les sorprende esta decisión porque «La cúpula judicial española está politizada por la extrema derecha y la ultraderecha y ha estado persiguiendo la independencia durante algún tiempo.

«No nos sorprende la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general cuando condenó a los líderes independentistas a un siglo de prisión por celebrar un referéndum y se declaró en rebeldía por no aplicar la ley de amnistía», añadieron, señalando que «ahora el PSOE ve cómo van tras su Gobierno e inhabilitan al fiscal general para el caso contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso».

Se han mostrado críticos en este sentido y han afirmado que «En parte la culpa es del PSOE por no querer hacer una reforma democrática que necesita la justicia española».

Junts se ha pronunciado en la misma línea, criticando que «la corrupción española está institucionalizada» por PSOE y PP. Su portavoz, Miriam Noguerasha afirmado que «los catalanes somos los que menos nos sorprendemos con este desenlace» ya que «conocemos al Tribunal Supremo y sabemos de quién depende la Fiscalía».

«Recordemos que PSOE y PP coincidieron en el CGPJ. La corrupción española está institucionalizada, hoy Génova, mañana Ferraz. Para el PSOE la justicia deja de ser justa cuando les afecta», afirmó.

Además, Gabriel Rufián, ha sido tajante con lo que piensa sobre esta frase: «Se podría haber pensado que meter a nueve personas en la cárcel durante cuatro años por nada pondría fin al asunto. Es una guerra contra algunas ideas y contra algunos partidos. Sería bueno ser claro».

El portavoz de ERC en el Congreso se ha expresado así en la red social X, donde ha recordado otros asuntos relacionados con la presidenta madrileña. «El hermano de Ayuso. 280.000 euros en comisiones. ¿Quién se los lleva? Pablo Casado. El novio de Ayuso. 350.000 euros en comisiones. ¿Quién se los lleva? La fiscal general del Estado. El mensaje es claro: a Ayuso no la tocan», ha afirmado.

«Ha sido una caza de brujas»

Desde PNVsu portavoz parlamentario, Maribel Vaqueroha indicado que su formación analizará la frase «en profundidad» para «poder hacer un análisis tranquilo», pero ha reconocido que «la primera impresión es de perplejidad«. «¿Imunidad para quienes admiten haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos”, lamentó en sus redes sociales.

Jessica AlbiachLa diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú, se ha sumado a las críticas de Sumar, calificando la condena como un «golpe judicial» que, según expresó, «demuestra que la derecha más rancia quiere ganar en los tribunales que no gana en las urnas».

La diputada ha afirmado en rueda de prensa que con esta sentencia «pierde la justicia» y ha asegurado que «Europa demostrará que esto ha sido una caza de brujas».

«Quien debería ser juzgado y condenado es González Amador -pareja de Ayuso-. Es un delincuente confeso, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que mintió y muchos periodistas han dicho que tuvieron un correo electrónico ante el fiscal. Es un proceso lleno de anomalías», criticó, al tiempo que ha exigido al Gobierno que nombre un nuevo fiscal general.

EH Bildu sólo ha compartido una publicación en X de su coordinador general, Arnaldo Otegien el que se limita a compartir la noticia junto con el mensaje: «El que puede hablar, que hable; el que puede hacer, que haga; el que puede aportar, que contribuya; el que puede moverse, que se mueva…».

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