Desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, «la política fiscal seguida por el Ejecutivo de coalición ha seguido una senda claramente expansiva, con 97 medidas de subida de impuestos que han elevado los impuestos y las cotizaciones a niveles récord, especialmente sobre las empresas que cada vez sufren una mayor presión fiscal». Así lo confirma el Instituto Juan de Mariana en su último «Taxómetro», en el que constata -con datos del año 2024- que Hacienda obtuvo una recaudación histórica de 294.734 millones, creciendo un 8,4%, muy por encima del PIB de ese año, que se quedó en el 3,5%, y con un peso cada vez mayor de empresas y trabajadores en sus aportaciones.

Así, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades se ha disparado un 57% bajo el Gobierno de coalición, con una «notable expansión» del crecimiento de los ingresos, de 24.838 millones en 2018 a 39.096 millones en 2024, un 57% más. Estas cifras tienen que ver con que España mantiene uno de los tipos nominales más altos de la UE, el 25%, frente a una media comunitaria del 21%. «El aumento de los ingresos se explica en gran medida por la mayor presión fiscal sobre las empresas, no por una expansión orgánica de la actividad empresarial, que de hecho presentó en 2024 márgenes similares a los alcanzados en 2019», señala el informe.

Los aumentos de ingresos pueden analizarse de dos maneras: por un lado, pueden ser resultado de una mejora de la actividad económica que trae consigo una mayor recaudación y, por otro, pueden ser el reflejo de modificaciones legislativas que modifican las bases imponibles, alteran las reglas de pago o elevan los tipos aplicables. Según explica el Instituto, en el primer caso, “los ingresos aumentan como consecuencia del crecimiento, como una derrama que aumenta los fondos públicos como consecuencia de una economía en expansión; en el segundo, es producto de una política fiscal que busca activamente extraer aún más recursos de los agentes económicos de los que se podrían lograr simplemente permitiendo que aumente la producción”, por lo que las 97 medidas tributarias aplicadas por el Gobierno “confirman que la segunda opción es la tomada”.

El análisis basado en la Curva de Laffer muestra que el punto de equilibrio de recaudación de las Empresas alcanza el 21,6%, por debajo del 25% que se adopta generalmente en España. «Esto significa que una reducción de 3,4 puntos nos permitiría mantener, e incluso mejorar, la recaudación, ampliando las bases imponibles. De esta manera, un escenario con menos impuestos terminaría trayendo un nivel similar o mayor de ingresos tributarios, a través de un aumento de la actividad privada. Así, con una tasa de referencia un 14% menor, «los ingresos se mantendrían esencialmente en los mismos niveles o incluso serían superiores».

En el caso de España, la fiscalidad empresarial se sitúa en el rango alto de la UE. Entre los pocos países que tienen un impuesto de sociedades más elevado, tres de ellos (Alemania, Italia y Países Bajos) han anunciado que implementarán reducciones relevantes en los próximos años, mientras que en España el Gobierno mantiene su velocidad de crucero fiscal, argumentando que todavía hay margen para un aumento porque no ha alcanzado el nivel máximo en la UE. Esto nos ha llevado a que, en términos de competitividad fiscal, el ranking de los países de la OCDE muestra que los impuestos aplicados a las empresas se sitúan en el puesto 29 de 38. «España aplica un tipo de referencia en Empresas que supera holgadamente los umbrales de equilibrio sugeridos por la Curva de Laffer -que ilustra la relación entre tipos impositivos y recaudación tributaria total, y que muestra que subir tipos no aumenta la recaudación en la misma proporción-.

Esta evidencia muestra que alrededor del 50% del Impuesto sobre Sociedades se traslada a los trabajadores, en forma de menores ingresos. «El efecto que este impuesto tiene sobre los salarios asciende a 942 euros anuales de menor remuneración por cada trabajador ocupado.» Por ello, el Instituto Juan de Mariana exige al Gobierno «que baje los impuestos, porque una reducción de las Empresas hasta alrededor del 2% ni siquiera amenazaría los ingresos públicos, sino que también ayudaría a aumentar la inversión y la productividad, mejorando la posición competitiva de España y aumentando los incentivos para hacer negocios en nuestro país».

El estudio destaca que parte de la carga fiscal también se transfiere a los consumidores «a través de precios más altos» y a los accionistas a través de una menor tasa de crecimiento de los dividendos a largo plazo.