Hasta 225.000 euros de multa si te pasas al castigar el error de uno de tus empleados
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha destapado un escandaloso caso de explotación laboral en una red de al menos 15 centros de llamadas situado en Madrid y la localidad de Fuenlabrada.
La investigación ha culminado con la detención de siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
El caso ha conmocionado a la opinión pública por la crudeza de los métodos utilizados por la dirección para «motivar» a su personal, compuesto en su mayoría por ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Según trascendió, los responsables prepararon un ranking diario de ventas y el empleado que ocupaba el último puesto recibió como “castigo” un tarta en la cara delante de todos sus compañeros. Un portavoz de la investigación describió estas escenas, que fueron grabadas en vídeo, como «humillante y degradante.»
Este tipo de prácticas, más allá de la reproche penal, conlleva sanciones administrativas que pueden llegar 225.000 euros.
Estas conductas constituyen una violación flagrante de las normas laborales y se ajustan a la definición de acoso laboral tipificado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Específicamente, el artículo 8 de dicha ley considera infracción muy grave los actos del empresario que sean contrarios al respeto a la intimidad y a la debida consideración a la dignidad de los trabajadores.
El importe de la multa por este tipo de infracción se divide en tres grados: desde 751 euros para los suaves, pasando por un tramo medio de 1.501 a 3.750 euros, hasta llegar al 7.500€ en su nivel máximo para graves.
Sin embargo, cuando el comportamiento agrava Por reincidencia, número de trabajadores afectados o especial vulnerabilidad de las víctimas, la sanción puede escalar hasta el nivel de muy grave, oscilando entre 7.501 y 225.018 euros.
Explotación más allá del acoso
La propia investigación de la Inspección del Trabajo sobre este asuntos ‘centros de llamadas’ ha sacado a la luz una red de ilegalidades que multiplican el riesgo de multas millonarias para los responsables.
Durante el dispositivo, los inspectores contaron un total de 48 trabajadores sometidos a «condiciones abusivas», de las cuales 31 eran extranjeros sin permiso de trabajo y 16 ni siquiera estaban dados de alta en la Seguridad Social.
les faltaron dias legalvacaciones, descansos o salarios dignos. Por cada trabajador en situación irregular o no registrado, la empresa se enfrenta a una sanción individual que, sumados, podrían incrementar el monto total de la multa muy por encima del 225.000 euros.
El caso de la «tartazos» sirve como un severo advertencia a los navegantes de cualquier empleador que considere humillar a un subordinado como una herramienta de gestión válida.
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