Desde 2022, ha habido llamadas 514 plazas como funcionarios para puestos muy diversos, de todo tipo: directivos (órganos generales), personal administrativo adscrito a secretarías y subsecretarias, bibliotecarios, archiveros, sección de publicaciones… No han tenido el éxito esperado y muchos de ellos acaban sin cubrirse. El mayor sindicato de funcionarios, CSIF, explica que detrás de las dimisiones se esconden meses de «recortes en el trabajo a distancia y el bloqueo en la negociación del condiciones de trabajo».

El último choque con el Ministerio se produjo la semana pasada, cuando la central denunció que el departamento que dirige Félix Bolaños había aprobado unilateralmente, sin acuerdo con los sindicatos, el calendario laboral, «lo que vulnera -dicen- la resolución de Servicio Público del 14 de abril», en la que se establece una reducción de jornada en la Administración General del Estado para adaptar la nueva jornada de 35 horas semanalmente. Argumentan que, por el contrario, el departamento ha impuesto una hora de salida a las 14.30 horas para el personal especialmente dedicado y la obligación de trabajar por las tardes.

El origen del conflicto no es nuevo. Los funcionarios recuerdan que entre 2022 y principios de 2024 optaron por una política de recursos humanos basada en flexibilidadtrabajo a distancia y «escucha activa al personal», que «convirtieron al Ministerio en un lugar al que los funcionarios sí querían venir». Añaden que esta buena reputación se mantuvo hasta la primavera de 2025, «con recortes unilaterales y sin indicadores objetivos, con el trabajo a distancia ya vigente y la negociación del calendario laboral convertida en un monólogo por parte de la Administración, la tendencia se invirtió rápidamente. «Los datos de los concursos de transferencias – señalan – lo confirman».

Disturbios

Los puestos a los que no se postula ningún funcionario alcanzan actualmente el 33% después de «un período que coincide con el inicio del conflicto en torno a la primera negociación del calendario laboral y la cortes sucesivos en el trabajo remoto. Estos puestos vacantes, por falta de candidatos o por no alcanzar la puntuación mínima en las oposiciones generales, han pasado del 27% en 2022 al 60% en 2025; y las específicas, del 34% en 2023 al 42% en 2026

Paralelamente, el programa de cobertura de posiciones por reubicaciónque permite a los empleados públicos ejercer sus funciones desde sedes provinciales, oficinas cercanas a su lugar de residencia, o con teletrabajo en zonas de difícil cobertura o descenso demográfico, «ha resultado un fiasco por limitación de oferta, fracaso en la negociación con otros ministerios o restricciones en su cobertura», afirman las fuentes consultadas.

CSIF advierte de que la reducción del trabajo en remoto de tres días a dos ,—primero en mayo de 2025 para una parte de la plantilla y luego ampliado al Ministerio en septiembre de 2025,— se adoptó sin que la Administración presentara a la representación sindical que lo reclamaba, debido a las peticiones de los empleados en asambleas, «ni un solo indicador objetivo que lo justificara: ni datos de productividad, ni análisis del absentismo, ni evaluación de la calidad del servicio».

Lo mismo ha ocurrido con «la imposición de presencia obligatoria» durante las tardes para el personal de dedicación especial. Una obligación que, señala el sindicato, no existe en ningún apartado de la Resolución de Servicio Público. Por ello, exigieron al Gobierno que presente un análisis identificando qué puestos requieren trabajar en horario de tarde y permitiendo acumular las horas en una sola tarde semanal. Denuncian que la Administración no lo ha tenido en cuenta.

Finalmente, la central sindical destaca que no ha habido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales. Reclaman una reunión urgente con los responsables del ministerio para formalizar un grupo de trabajo que permita negociar jornadas y horarios, y exigen que cualquier decisión en materia de trabajo presencial o a distancia se adopte en base a «criterios objetivos» discutidos con los sindicatos, y que se revise la política en materia de teletrabajo. Si la Administración no rectifica, advierte que agotará todas las vías a su alcance, «incluidas acciones legales u objeciones que puedan surgir.

Deterioro de servicios clave

El choque con el Ministerio de la Presidencia se suma a los conflictos abiertos entre funcionarios y el Gobierno, con unas relaciones que no pasan por su mejor momento. La falta de personal en servicios clave como el SEPE o la Seguridad Social es motivo de enfrentamiento, lo que hace que se pueda tardar mes y medio en conseguir una cita. La temporalidad, el 30%, es otra cuestión pendiente pese a los continuos llamados de atención desde Bruselas, y también hay movilizaciones en marcha. Durante el pasado mes de junio CSIF, UGT, CC.OO. y cig Convocaron a movilizaciones en la Seguridad Social ante el incumplimiento de los convenios firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales del personal y ante «la ausencia de avances reales que garanticen el futuro de esta organización, pilar fundamental del Estado de Bienestar». Informaron que las citas superaron el mes y medio.

La Agencia Tributaria también es un foco de conflicto. El próximo mes de septiembre, el personal de la Agencia Tributaria está convocado a retomar las movilizaciones que han coincidido con la Campaña de alquiler en toda España «ante la paralización de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados».