Hay una fienda que no se quiere cerrar
Empecemos por lo más próximo. Xixón, PSOE. Un militante socialista lleva suspendido dos meses de militancia por una acusación de acoso sexual. La «sanción» conllevó, además, la pérdida de su puesto de trabajo. En estos dos meses ni le han dado explicaciones, ni de quién ni de qué se le acusa, ni le han preguntado al respecto.
[–>[–>[–>La situación es tan escandalosa que algunos distinguidos militantes de raigambre socialista han manifestado su protesta y su escándalo: «Suspender de militancia a un compañero y despedir a un trabajador sin causa justificada constituyen no ya una sino dos aberraciones gravísimas». Quien se ha manifestado así ha sido un histórico del socialismo xixonés, José Manuel Sariego. Alguna militante de raigañu también lo ha hecho, como Teresa Ordiz. Al parecer, algunos otros piensan lo mismo, pero callan.
[–> [–>[–>José Manuel Sariego, a quien conozco y respeto, al igual que a Teresa Ordiz, ha llegado a decir, que, de seguir así esta anomalía, «repensaré mi continuidad en la organización donde ya cumplí 50 años de pertenencia».
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Al margen del caso concreto y de las anomalías que se denuncian, subrayémoslo: el problema no está en la gestión del mismo, sino en la pésima legislación que lo permite, la Ley contra la Violencia de Género de 28 de diciembre (¡en fin!) de 2004, que viola el artículo 14 de la Constitución, con el sustento implícito discursivo de la maldad congénita del varón y de la bondad intrínseca de la mujer. El in dubio, pro reo ha sido sustituido por el sine dubio, contra reum. A partir de ahí, tanto la legislación inicial como sus desarrollos reglamentarios han posibilitado situaciones como la descrita, denuncias falsas, aprovechamientos para lograr beneficios, etcétera. Y, cuando la víctima -inicialmente, el victimario- logra librarse de la falsedad, ha transcurrido un gran tiempo, un daño social irreparable y, tal vez, un perjuicio económico o de empleo. Uno de los muchos últimos: «Condenada una menor por inventarse que su profesor de Biología la agredía sexualmente. Los padres de la joven tendrán que abonar más de 30.000 euros al docente, al que su alumna acusó de drogarla y someterla a tocamientos en sus partes íntimas».
[–>[–>[–>El problema no es únicamente la maldad de algunas personas, su enfermedad mental o su voluntad de sacar provecho (dinero) o vengarse en procesos de separación. Digámoslo con claridad: el problema, la fienda por la que la que se cuela no la luz, según la manoseada frase del poeta sufí Rumi, sino la m., es la legislación.
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Ocurre cosa semejante con la legislación LGTBI y Trans (Ley 4/2023). Casos como el del asesino de once ancianos que se declara hembra para que lo trasladen a la cárcel de mujeres, o el del concejal del PSOE de Palencia, que también se proclama fémina para acceder a subvenciones de la PAC reservadas a mujeres (¿y por qué ayudas especiales para las mujeres en el campo, y no para todos?), entre otros, no muestran una especial perversión, aprovechamiento o capricho, sino la fienda (o chapuza, si lo prefieren) legislativa, tan habitual en los últimos tiempos, en que tantas veces se legisla con las «témporas», por decirlo en fino.
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[–>Y como estas materias, al margen de lo necesario de la regulación sobre algunos aspectos de sus contenidos, tienen una componente de prejuicio-moda, nadie quiere quedarse atrás y los parlamentarios autonómicos corren a repetir la legislación existente a nivel estatal, con algunas modificaciones o adiciones que pretenden dar una pátina de necesidad. En ese sentido, la Xunta ha puesto en marcha una Ley del Principado de Asturias contra la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, cuyo borrador ocupa 70 páginas. No diré nada sobre lo reiterativo con respecto a la ley estatal (por ejemplo, en materia de sanciones, que pueden llegar a los 150.000 euros) o impreciso. Me limito a lo que expertos en psicología, destacadas feministas o asociaciones feministas han dicho sobre dicho borrador (las citas, todas de LA NUEVA ESPAÑA).
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«Las feministas redoblan sus denuncias a la Ley Trans del Gobierno de Asturias: «Deja al profesional sanitario indefenso ante posibles reclamaciones por mala praxis».
[–>[–>[–>El proyecto de ley LGTBI asturiano «ha sido elaborado de espaldas a la comunidad científica» e «impone opiniones ideológicas frente a evidencias científicas».
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«Amelia Valcárcel y José Errasti sentencian la ley trans de Asturias: «Es una norma cercana al terraplanismo».
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La filósofa y el psicólogo señalan sus claves en contra de una legislación «innecesaria», que propone «perpetuar estereotipos» bajo una nueva máscara».
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«Las asociaciones de mujeres progresistas, que comparecerán en la Junta General, exigen la retirada de las sanciones del proyecto de ley LGTBI».
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La obligación afecta a todas las materias y a todas las etapas de la enseñanza no universitaria.
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«La sanción por una falta leve puede llegar a 2.000 euros, pero por una falta muy grave puede acabar en 150.000 euros de multa y otras sanciones, como la inhabilitación para el ejercer la profesión», advierten las organizaciones».
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¿Y por qué no se modifica la legislación, no para acortar derechos o protección, sino para evitar malos usos y abusos, de mecanismos tan evidentes?
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Pues, en primer lugar, porque cómo confesar que lo que han incentivado, parido y aplaudido es una chapuza y contiene errores, el más grave, de principios. En segundo lugar, porque la realidad, a muchos de los propaladores y defensores de esos idola fori, los problemas de las víctimas les importan poco, especialmente si son varones. Y, finalmente, porque temen que, de reconocer los problemas o los errores, otros de la secta o la religión los acusen con el de ex illis es, aquel con que los que en el cervantino El retablo de las maravillas afirman estar viendo cosas que no existen, acusan al furriel de ser judío (traducido al hoy, «facha») cuando manifiesta que allí no hay nada de lo que dicen ver.
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Pero cerremos hoy con un par de sonrisas. Una. Aitor Esteban del PNV manifiesta que quiere un nuevo estatuto para el País Vasco. EL PSOE de Euskadi hace un chiste gráfico de esos que llaman ahora «memes», con Aitor tirándose a una piscina. El PNV califica la cosa de «indecente» y, muy enfadados, suspenden una reunión con sus socios de gobierno. ¡Qué comediantes!
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Y otra. El ministro Bolaños manifiesta a finales de abril que ve difícil presentar los presupuestos de 2026 por la guerra de Irán, y, a continuación, emerge Carlos Cuerpo, viceministro de Hacienda, para reiterar lo mismo.
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Como sabe el más desinformado de los españoles, votantes socialistas incluidos, la guerra de Irán es un conflicto bélico que desde 2023 lleva impidiendo la elaboración de los presupuestos españoles.
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Risum teneatis? n
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