Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
Los propietarios del hotel La Pardina de Sabiñánigo han visto como el Gobierno de Aragón ha retirado su licencia turística en el inicio de la temporada invernal. Denuncian que supone un golpe directo en una época en la que comienza a recibir reservas y destacan que sus instalaciones les permiten separar la zona de acogida de inmigrantes con la ocupación habitual. Por eso atribuyen la revisión de los permisos «a una decisión de tintes políticos».
[–>[–>[–>La dirección del hotel indica que el pasado mes de julio recibieron «un avisó telemático» sobre la posible bajada de categoría debido a que por la presencia de un centenar de personas migrantes dentro del programa de atención humanitaria gestionado por la entidad Apip-Acam tenían que regular el tipo de oferta hotelera de la que disponen. Esto motivó en los propietarios un gran «malestar» por tener que reducir a la categoría de hostal un local que dispone de tres estrellas. En ese primer momento rechazaron esa posibilidad, pero ante la necesidad de seguir trabajando durante la temporada acabaron solicitando el cambio que pedían desde Turismo. Sin embargo, la semana pasada les llegó la notificación de que esta solicitud «había sido denegada» igualmente.
[–> [–>[–>Desde La Pardina afirman que por este motivo tienen «una gran frustración» al entender que el problema al que se enfrentan «no tiene que ver con la consideración del hotel» pues la propia Administración autonómica ha incurrido, en su opinión, en una contradicción. Desde el Gobierno de Aragón se pide para alojar a este colectivo de migrantes una serie de requisitos técnicos como contar con accesos, ascensor, escalera principal o espacios comunes diferentes a los utilizados por los clientes que acuden al establecimiento por turismo.
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El impacto económico de esta situación es «bastante alto» y se traduce «en un lucro cesante incalculable», según señalan desde la empresa. Recuerdan que desde la semana pasada en el hotel han tenido que rechazar reservas clave, perdiendo ingresos de grupos turísticos habituales como los asistentes a la Quebrantahuesos o una banda de música alemana que llevaba veinte años alojándose en La Pardina durante todo julio y agosto. Además, evidencian que el mayor impacto inmediato es la imposibilidad de alojar a los trabajadores de Aramón, que incluyen unos diez empleados fijos durante toda la temporada de invierno y hasta una veintena de trabajadores temporales de fin de semana.
[–>[–>[–>Más allá de las cuestiones económicas, desde el hotel defienden el trabajo que realizan como espacio de acogida de migrantes. Las instalaciones en el Alto Gállego albergan actualmente a unas cien personas con una gran movilidad en cuanto a entradas y salidas, según se cumplen sus programas de integración. Desde la propiedad detallan que disponen de 24 habitaciones para cumplir con el encargo de la entidad social que gestiona el programa y que los espacios que usan están «totalmente segregados» del resto de las instalaciones hoteleras. «Se hizo un acceso diferente y se mantienen dos espacios completamente separados, respetando la tranquilidad del resto de posibles clientes» detallan.
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Compromiso humanitario
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El establecimiento asegura que no van a rechazar a sus inquilinos llegados a las costas de Canarias o a las fronteras de Ceuta y Melilla «a pesar del acoso» y la multiplicación de inspecciones en los últimos meses. «No tenemos otra alternativa, no se pueden marchar a la calle, es necesario mantener este compromiso humanitario», afirma. De hecho, los propietarios también gestionan el hotel Montearagón en Quicena, otro de los lugares donde las entidades sociales ofrecen alojamiento a los migrantes. Este local también ha perdido su categoría a pesar de que en este momento está completamente alquilado a la fundación que gestiona la acogida.
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[–>Los propietarios recuerdan que han presentado un recurso contra la pérdida de la licencia en un proceso que reconocen que será largo. Con todo, señalan que no temen tener que enfrentarse a obras para adaptar las instalaciones a la legislación actual cuando vuelvan a tener la categoría perdida por considerar que ya cumplen con todos los requisitos legales. «Lo peor es que nos enfrentemos de nuevo a criterios subjetivos», manifiesta. Por el momento, desde la propiedad destacan que a pesar de los problemas el caso ha removido «bastante las conciencias» y ha vuelto a poner de actualidad la situación de las personas migrantes.
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