Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido oficialmente al Gobierno la ampliación de la central nuclear de Almaraz. Los propietarios de la central extremeña han acordado este jueves dar el paso para alargar su vida útil hasta junio de 2030 tras meses de tira y afloja con el Ejecutivo con la fiscalidad como principal obstáculo.

Las grandes eléctricas han acordado este jueves durante el Consejo de Administradores y la Asamblea de Socios de las Centrales Nucleares de Almaraz-Trillo (CNAT) solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen «modificación de la autorización para la explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almarazextender su operación hasta junio de 2030″, según informó en un comunicado.

El CNAT del que forma parte reitera su “compromiso de continuar operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”.

La decisión de Iberdrola, Endesa y Naturgy llega al límite de solicitar formalmente la ampliación de la vida útil de las instalaciones, ya que el 1 de noviembre vence el plazo para enviar la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)dos años antes de que se cierre el primero de los reactores.

Después de esta decisión, El Gobierno debe valorar ahora si acepta la petición de las empresas y si cumple con las líneas rojas marcadas, Este es el paso previo a la presentación de la solicitud al CSN.

Estas tres líneas rojas son que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde el punto de vista radiológico, que no supone un mayor coste para ciudadanos y contribuyentes y conviene garantizar la seguridad del suministro.

Pese a las noticias procedentes de las eléctricas, Aagesen ha destacado este jueves que el Gobierno no ha recibido ninguna solicitud para ampliar la vida útil de la central de Almaraz y ha subrayado que la posición del Gobierno ha sido «muy clara» y «consecuente» en este tema, según ha informado Prensa Europea.

«El Gobierno sigue, no nos hemos movido, siempre hemos dicho lo mismo y hemos sido muy consistentes en este sentido. Por el momento no hemos recibido ninguna solicitud. Llevamos meses escuchándolo, que lo van a presentar», afirmó la ministra a los periodistas durante su visita a Beas de Segura (Jaén).

Meses de conflicto por la fiscalidad

El tema fiscal es el que ha provocado el bloqueo desde hace meses para que avance una posible negociación entre los propietarios y el Gobierno. Los propietarios, el lobby nuclear y distintos informes de consultoras han marcado la agenda mediática de la situación nuclear en España, poniendo el foco en la fiscalidad y, especialmente, en la llamada ‘tasa Enresa’.

Este es el instrumento a través del cual las empresas financian la gestión y desmantelamiento seguro de residuos radiactivos y centrales nucleares.

Aunque suele catalogarse entre los impuestos que pagan las empresas energéticas del segmento nuclear, se trata de un beneficio de propiedad pública no tributario. Las empresas lo pagan por la máxima de que «quien contamina paga».

Sin embargo, Las empresas reportan un incremento del 30% en el último año, de 7,98 euros el megavatio hora (MWh), a 10,36 euros, que se suman a otros impuestos sobre la producción o el combustible nuclear gastado que elevan la factura total hasta los 28 euros MWh.

Por otro lado, existen impuestos regionales o ‘ecoimpuestos’ que pagan los propietarios de plantas en algunas regiones. La Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón ya ha eliminado el suyo, por el que Iberdrola pagó alrededor de 14 millones de euros anuales, mientras que en Extremadura (donde se ubica Almaraz) María Guardiola ha anunciado una rebaja de hasta el 50%.

Allí los propietarios pagan unos 82 millones y, al igual que en la Comunidad Valenciana, el gobierno regional está liderado por el Partido Popular. En Cataluña, donde se encuentran las instalaciones de Ascó y Vandellós, la factura asciende a 137 millones, aunque es el PSOE el que gobierna.

Con este escenario, parece que los propietarios han dejado de lado la batalla fiscal, al menos para pedir la ampliación de la vida útil de Almaraz, el primero en cerrarse según el calendario firmado en 2019 entre Gobierno y empresas.