IMPUESTOS ENERGÍA | El Gobierno aplicará las rebajas fiscales de combustibles, luz y gas como máximo tres meses y las desactivará antes si no suben mucho los precios
El Gobierno ha lanzado un plan de acción para frenar la subida de los precios de la energía. El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un paquete de medidas que se apoya muy fundamentalmente en la aplicación de diferentes rebajas fiscales en combustibles, electricidad y gas para conseguir embridar las subidas tras el terremoto en los mercados energéticos provocado por la guerra en Oriente Medio. Unas rebajas de impuestos que estarán vigentes como máximo hasta el próximo 30 de junio y que podrán desactivarse incluso un mes antes si los precios bajan o no suben mucho.
[–>[–>[–>El Gobierno cifra el coste de todas las medidas aprobadas en algo más de 5.000 millones de euros, de los que más de 2.500 millones corresponden a dinero que dejará de ingresarse en las arcas públicas por la aplicación de rebajas fiscales y de diferentes deducciones. El Ejecutivo ha aprobado bajar del 21% al 10% del IVA de gasolina, gasóleo, electricidad, gas natural y algunos productos de calefacción (pellets, leña…). El plan también contempla una rebaja hasta el mínimo que permite la UE del impuesto especial de los hidrocarburos para gasolina y diésel; una suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de la electricidad y una reudción también al mínimo contemplado por Bruselas del impuesto especial de la electricidad, desde el 5,11% actual hasta el 0,5%.
[–> [–>[–>Cláusula para desactivar las rebajas
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Todas esas rebajas estarán vigentes un máximo de tres meses, hasta el próximo 30 de junio, pero pueden desactivarse incluso antes, según confirman fuentes gubernamentales. El Ejecutivo garantiza que las reducciones impositivas se aplicarán en los meses de abril y mayo, pero en junio podrían eliminarse si los precios energéticos han dejado de subir o no lo hacen demasiado. El real decreto-ley que se publicará mañana en el BOE recogerá una cláusula de desactivación de las rebajas fiscales en caso de que los precios se hayan normalizado.
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El Gobierno tomará como referencia el IPC de abril específico de la electricidad, del gas natural y de los combustibles. Un dato que se conocerá en mayo. Si la tasa de variación del IPC del próximo abril de estos productos no supera un 15% la tasa que presentaban en el IPC de abril del año pasado, las rebajas fiscales de carburantes, luz y gas quedarán automáticamente desactivadas. Desde el Gobierno se justifica esta cláusula de desactivación en la necesidad de asegurarse de que las rebajas fiscales se aplican si hay grandes subidas de los precios energéticos, y no sólo ligeros incrementos que pueden considerarse naturales en los mercados y no consecuencia de la convulsión geopolítica en Oriente Medio.
[–>[–>[–>El Ejecutivo ha descartado recuperar los descuentos generalizados de 20 céntimos por litro de combustible que aplicó en la pasada crisis energética para todos los ciudadanos. Sin embargo, sí que se aplicarán rebajas de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales de sectores especialmente afectados, como el transporte, agricultura, ganadería y pesca. Y también se concederán ayudas equivalentes en la compra de fertilizantes. En el caso de los transportistas, la ayuda directa se realizará a través de la bonificación del gasóleo profesional que se liquida cada mes. Y en el caso del sector agroganadero, como las devoluciones se han de forma anual, la bonificación se realizará con una estimación de la ayuda durante los 100 días en que estará vigente, en principio, la medida tomando como referencia el consumo de 2025.
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Más de 2.500 millones en rebajas fiscales
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Las estimaciones del Gobierno apuntan a que las rebajas fiscales y deducciones que se incluyen en el plan de respuesta ‘anticrisis’ supondrán una caída de los ingresos fiscales de más de 2.500 millones de euros. Desde el Ejecutivo se detalla el ‘coste’ de algunas de las medidas, como los 450 millones de euros que supondrá la suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de electricidad, los 650 millones de euros de reducir al mínimo diferentes impuestos especiales que se aplican a los combustibles o a la factura de la luz.
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