La Policía Nacional de Canarias concluyó una compleja investigación en el ámbito económico e inmobiliario que dio como resultado el auto de procesamiento contra cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote. Además, también fue imputado un empresario del sector inmobiliario y de la fundación que gestiona los centros, presuntamente de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

La investigación corrió a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura de Policía de Canarias, tras recibir en 2022 un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios (SEPBLAC), dependiente del Banco de España, que alertaba de multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas. Estas operaciones fraudulentas estaban vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.

Se analizaron miles de documentos bancarios y contables y se descubrió que los investigados habían desviado, en beneficio económico propio, parte de los fondos europeos “Next Generation” transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para el mantenimiento y funcionamiento de los centros. Los investigados supuestamente retiraron un millón de euros en efectivo y cubrieron numerosos gastos personales, desde gasolina o comidas en restaurantes hasta operaciones estéticas y vacaciones, con dinero de los centros. Del total de más de 1.600.000 euros recibidos por la fundación, Se retiraron más de 1.100.000 euros en efectivo y se realizaron transferencias directas de más de 25.000 euros a cuentas privadas. Durante la investigación también se descubrió una red de alquileres sobredimensionados con los que obtuvieron importantes ventajas en el alquiler de los inmuebles que albergaban los centros de menores. El empresario propietario de los edificios, con la complicidad de la fundación que gestiona los centros para menores inmigrantes, ha utilizado empresas intermediarias para alquilarlos a precios que duplican o triplican el valor de mercado. Se supo que los recargos superaron los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023 y que los fondos fueron desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, demostrando prácticas de blanqueo de capitales.

Estas prácticas fraudulentas de los directores de los centros fueron detectado después de la cancelación de la cuenta operaciones bancarias realizadas por la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Posteriormente y a petición de un juzgado, la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones pero en los que se detectaron facturas duplicadas o triplicadas, documentos sin fecha, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros.

Operación “TABAIBA”

La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Las Palmas abrió diligencias de investigación y permitió el inicio de la operación “TABAIBA” de tres años de duración. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran

Canaria se hizo cargo de la investigación del procedimiento, que continúa bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

Los investigadores solicitaron una auditoría para determinar exactamente la cantidad total del dinero malversado, y la investigación derivó en cinco imputados, los cuatro directores del centro y el empresario inmobiliario; y una base estudiada. Los cinco no tienen antecedentes penales y Tienen entre 31 y 61 años.

Los procedimientos judiciales siguen abiertos y el alcance económico exacto del daño causado a los fondos públicos y europeos aún está por determinar.

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