Él Intervencionismo gubernamental en el tejido empresarial español Ha dejado de ser una anomalía puntual y se ha convertido en un patrón preocupante. Lo ocurrido en Indra en los últimos años constituye un caso paradigmático de cómo la acción política, lejos de limitarse a garantizar un marco institucional estable, ha estado dirigida a influir directamente en la gobernanza de empresas estratégicas. Y no es sólo una cuestión de formas, sino de profundas consecuencias sobre la seguridad jurídica, la confianza de los inversores y, en definitiva, el crecimiento.

El episodio más reciente –la salida de Escribano de Indra– no puede analizarse de forma aislada. Se trata, más bien, del último eslabón de una cadena de decisiones en las que el poder político ha intervenido activamente en la configuración de los órganos de dirección de Indra. Su llegada fue promovida en primer lugar, en un movimiento que ya ha generado dudas sobre la independencia de la empresa. Ahora, su salida demuestra una vez más que los criterios empresariales han quedado subordinados a decisiones de carácter político. La empresa, en lugar de regirse por la lógica del mercado, se convierte en un instrumento más dentro de una estrategia de gobierno.

Pero el problema no se limita a Indra. El traspaso de Murtra a Telefónica, acompañado del despido forzoso de Álvarez-Pallete –según diversas informaciones, en la propia Moncloa–, amplía el perímetro de este intervencionismo. Esto crea un patrón en el que el Gobierno no sólo influye, sino que decide activamente quién dirige las empresas clave del Ibex-35. Este tipo de acciones no son neutrales: erosionan los principios básicos de una economía de mercado, donde la asignación de recursos y la gestión empresarial deben responder a criterios de eficiencia y creación de valor, no a intereses políticos actuales.

Estas acciones no son neutrales: erosionan los principios de una economía de mercado.

La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta cualquier economía desarrollada. Cuando los inversores perciben que las reglas del juego pueden alterarse en función de decisiones políticas discrecionales, el riesgo país aumenta. Y con ello, el coste del capital. España no es ajena a esta dinámica. El creciente intervencionismo envía una señal inequívoca: la propiedad y el control corporativo pueden estar condicionados por la voluntad del Ejecutivo. En este contexto, la previsibilidad desaparece y con ella la confianza.

A esto se suma un entorno regulatorio y fiscal cada vez menos favorable. La presión fiscal efectiva sobre las empresas y las rentas de capital ha aumentado significativamente en los últimos años, en un contexto donde otros países compiten por atraer inversiones con marcos más estables y competitivos. La combinación de inseguridad jurídica y aumento de la carga fiscal genera un claro efecto disuasorio. No es casualidad que el ritmo de llegada de inversión extranjera haya mostrado signos de desaceleración significativa en comparación con otros períodos.

La inversión no es un elemento accesorio de la economía; Es tu motor. Sin inversión, no hay acumulación de capital, no hay innovación ni aumento de la productividad. Y sin productividad, el crecimiento económico se resiente. España corre el riesgo de entrar en un círculo vicioso: una menor inversión significa un menor crecimiento potencial, lo que a su vez reduce la capacidad de generar empleo de calidad y aumenta la dependencia de las políticas redistributivas. Es decir, una economía menos dinámica, más subsidiada y, por tanto, más pobre.

El intervencionismo, además, introduce distorsiones en la asignación de recursos. Las empresas dejan de competir en igualdad de condiciones cuando algunas cuentan con el apoyo implícito o explícito del poder político. Esto no sólo perjudica a sus competidores, sino que también reduce los incentivos a la eficiencia y la innovación dentro de las propias empresas intervenidas. A largo plazo, el resultado es un tejido empresarial menos competitivo, más dependiente y menos capaz de generar valor añadido.

Provocan que todas las empresas dejen de competir en igualdad de condiciones

El problema surge cuando se cruza la línea que separa la supervisión del control directo y cuando las decisiones empresariales se convierten en extensiones de la acción política. En ese momento, la economía deja de operar bajo principios de mercado y comienza a deslizarse hacia un modelo donde la discreción reemplaza a la norma.

España necesita, más que nunca, reforzar su credibilidad como destino de inversión. En un contexto global marcado por la competencia entre jurisdicciones, los países que ofrecen estabilidad, seguridad jurídica y marcos fiscales razonables son los que atraen capital. Persistir en una estrategia de creciente intervención, acompañada de una política fiscal cada vez más exigente, es apostar por el camino contrario.

Los casos de Indra y Telefónica no son meros episodios corporativos; son síntomas de un problema estructural. Si esta deriva no se corrige, el coste no será sólo reputacional. Será económico, tangible y sostenido en el tiempo: menos inversión, menos crecimiento, menos empleo y, en definitiva, un empobrecimiento progresivo de la economía española. La cuestión no es si este modelo es sostenible, que no lo es, sino cuánto tiempo podrá mantenerse sin que sus efectos se vuelvan irreversibles.