El descarrilamiento de Adamuz evidencia dos realidades que conviven en España: una ciudadanía capaz de reaccionar con un arranque supremo de solidaridad inmediata y una estructura pública que acumula síntomas de desgaste. Mientras los vecinos llevaban colchones de sus propias casas y las administraciones cooperaban sin fricciones, el accidente volvía a poner el foco sobre una red ferroviaria sometida a más tráfico, más operadores y menos inversión sostenida.