Se trata de una operación conjunta entre la Guardia Civil y el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias en la que Se incautaron alrededor de 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano que estaban a la venta en un supermercado situado en la zona industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, al sur de la isla de Tenerife. Entre los alimentos se encontraban carnes y pescados congelados que no presentaban condiciones sanitarias e higiénicas aptas para el consumo.

La investigación comenzó cuando los agentes descubrieron que en el supermercado donde se encontraban estos alimentos La salud de los clientes estuvo en riesgo debido a las irregularidades cometidas. Al ingresar al almacén, encontraron que en los estantes había productos cárnicos, conservas, productos manufacturados e incluso pescado congelado, distribuidos en congeladores y cámaras frigoríficas sin etiquetas que indicaran su origen ni cadena de producción. En el interior de los expositores encontraron carne caducada a la venta y productos con deterioro provocado por la rotura de la cadena de frío.

Otro producto que llamó la atención de los agentes fue el pescado. Encontraron numerosas piezas de atún rojo envasadas en el propio establecimiento, sin etiqueta alguna sobre su origen, contenido o fecha de caducidad. El propietario del establecimiento no pudo en ningún momento documentar el origen de estos alimentos, ni confirmar que no se hubiera roto su cadena de frío.

En total, los agentes incautaron aproximadamente 25 toneladas de alimentos que, hasta el momento de la inspección, fueron adquiridos por muchas familias para el consumoponiendo así en riesgo su salud.

Cierre y suspensión de la actividad del local

Tras la inspección se procedió al cierre del establecimiento y también se suspendió su actividad como medida cautelar por parte del Servicio Canario de Sanidad y Salud Pública al considerar que ponía en grave peligro la vida de muchos consumidores.

Por su parte, la Guardia Civil le acusa de delitos contra la salud pública. Asimismo, se abrió un expediente administrativo disciplinario por las múltiples irregularidades señaladas.

Cabe recordar que, según el Código Penal, los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en riesgo la salud de los consumidores al ofrecer en el mercado productos con modificación u omisión de los requisitos establecidos, podrán ser objeto de penas que van de uno a cuatro años de prisión, sin mencionar que usted puede ser inhabilitado para realizar este trabajo por hasta seis años.

Sanidad y Guardia Civil recuerdan a los consumidores la necesidad de adquirir los alimentos en establecimientos de total confianza y abstenerse de adquirirlos si los productos no están etiquetados o presentan signos de que se les ha perdido la cadena de frío.

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