REAL CIUDAD, 17 de febrero (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil ha investigado al propietario de un desguace de Alcázar de San Juan que operaba de forma irregular al certificar falsamente la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil y que no extraía ni reciclaba adecuadamente el aire fluorado de los aparatos de aire acondicionado.

Dentro de la denominada operación ‘Fulcat’, el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real detectó un desguace que operaba de forma irregular en el municipio de Alcázar de San Juan, investigando a su propietario por la comisión de presuntos delitos de falsificación continuada de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Durante una inspección rutinaria el pasado mes de octubre, 2.025 agentes del Seprona detectaron graves irregularidades en las instalaciones de este desguace. Debido a la magnitud de los hallazgos y al gran número de vehículos depositados, se programó una segunda inspección, conjuntamente con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

En las instalaciones se comprobaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de vehículos al final de su vida útil. Debido a estos hechos, los agentes del Seprona iniciaron una investigación más profunda con el objetivo de esclarecer la situación de los vehículos que fueron encontrados sin la descontaminación adecuada que exige la normativa.

El propietario de la empresa implicada se enfrenta a cargos por delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación de documentos. La trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando, en realidad, los coches estaban acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecía de autorización administrativa, que les había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).

Esta actividad ilícita provocó el deterioro de vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivó en el vertimiento de residuos peligrosos directamente sobre la superficie del terreno.

Asimismo, se comprobó que los gases fluorados procedentes del aire acondicionado de los vehículos no eran extraídos ni reciclados adecuadamente, siendo en algunos casos liberados directamente a la atmósfera.

Estas emisiones dañan gravemente la capa de ozono y aumentan el calentamiento global. Por ello, la normativa actual exige un estricto protocolo para su valorización y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos por su alto potencial de efecto invernadero.

Sin embargo, no sólo se vulnera de esta forma la legislación medioambiental, sino que también se puede generar competencia desleal con los gestores de residuos u otros desguaces dedicados a este tipo de gestión que sí cumplen la normativa.

Para confirmar todos estos extremos se está realizando un peritaje por parte de miembros de la Unidad Técnica de la Central del Seprona, donde se estimarán mejor las cantidades y el impacto ambiental que se podría causar al medio ambiente, concretando las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Instancia de Alcázar de San Juan.