TOLEDO 10 de junio (PRENSA EUROPA)-

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han investigado a un hombre propietario de una finca hortícola intensiva, situada en el municipio de Burujón (Toledo) como presunto autor de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, al utilizar productos fitosanitarios prohibidos en el cultivo de hortalizas que posteriormente eran distribuidos en diferentes supermercados.

La operación denominada ‘Operación sangou’ se desarrolló en colaboración con inspectores adscritos a la Dirección General de Ordenación Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y un Agente Medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en una operación agrícola compuesta por varios invernaderos destinados al cultivo intensivo de hortalizas.

En el lugar, los agentes localizaron un almacén clandestino que albergaba más de 600 contenedores de productos fitosanitarios de origen asiático. Se sospecha que estos productos habrían sido introducidos en España eludiendo los canales habituales para su importación legal, incumpliendo las diferentes normativas nacionales y europeas, al carecer del etiquetado reglamentario o del número de registro del fabricante, informa el instituto armado.

Asimismo, los contenedores intervenidos omitieron información crítica sobre toxicidad, pictogramas de seguridad y dosis de aplicación.

El análisis preliminar de las sustancias reveló la presencia de principios activos extremadamente peligrosos, muchos de los cuales han sido expresamente prohibidos o no renovados por la normativa de la Unión Europea debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

En la finca se recogieron muestras tanto de suelo como de hojas de las hortalizas que se estaban cultivando para su posterior análisis. Los resultados confirmaron la presencia de sustancias químicas prohibidas en los alimentos, con el consiguiente riesgo de que llegaran al consumidor final con trazas altamente tóxicas.

Los agentes constataron una absoluta falta de condiciones higiénico-sanitarias y una negligente gestión de los residuos peligrosos, destacando el hallazgo de una fosa utilizada para el vertido mediante quema de los envases de productos fitosanitarios junto con otros residuos de distinta naturaleza.

Además, se detectó una estación de servicio artesanal e improvisada que habría provocado el vertido directo de hidrocarburos en un terreno que se encontraba a escasos metros del arroyo de Alcubillete, cauce fluvial que divide la explotación, con riesgo real de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.