Israel aprueba una batería de leyes que limitan el poder de la justicia y protegen a los ultraortodoxos
A apenas tres meses del fin de la legislatura, el Gobierno del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu cambia Israel a golpe de legislación. Durante esta semana parlamentaria, la última antes del receso de verano y de las elecciones previstas para el 27 de octubre, la Knesset ha aprobado un conjunto de nuevas leyes muy polémicas. Este miércoles los diputados israelíes han apoyado la legislación que permite limitar los poderes de la figura del fiscal general. Hace unos días, se aprobó una ley que protege a los ultraortodoxos que evaden el servicio militar. Ninguna de estas dos votaciones, ampliando criticadas por la oposición, contó con la presencia de Netanyahu en la cámara.
[–>[–>[–>Con esta nueva ley, el gabinete de Bibi logra una victoria que perseguía desde que, a su llegada al poder, lanzaron la reforma judicial. Con la reducción drástica de los poderes del fiscal general, la coalición elimina un control clave sobre el Ejecutivo. A partir de su entrada en vigor en enero del año que viene, los ministros pueden rechazar las posiciones legales del fiscal general, que hasta ahora eran vinculantes, y se otorga al gobierno un control efectivo sobre el nombramiento de este cargo. La votación se alargó durante 11 horas por la obstrucción parlamentaria por parte de la oposición y, después, de la coalición, pero finalmente la ley fue aprobado con 65 votos a favor y 51 en contra.
[–> [–>[–>Suspensión del Tribunal Supremo
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De esta manera, se despoja de facto al fiscal general de su autoridad sobre el gobierno, uno de los pocos controles que tiene Israel sobre el poder ejecutivo. Esta ley elimina el sistema actual para nombrar al fiscal general que obliga al gabinete a actuar por recomendación de un comité público independiente encabezado por un magistrado jubilado de la Corte Suprema. A partir del año que viene, será la propia coalición quién decida sobre el nombramiento y la destitución de la persona que ocupe el cargo. Para lograr su rápida aprobación, la coalición ha eliminado las disposiciones que afectaban a su autoridad como jefe de la fiscalía estatal, incluidas las decisiones sobre si abrir investigaciones penales contra altos funcionarios electos, como se había propuesto en una versión previa, pero han prometido retomarla si ganan las elecciones.
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Netanyahu, sin embargo, no ha estado presente durante este tenso debate plenario de once horas ni tampoco durante la votación. De igual manera, no estuvo en la controvertida votación del martes para suspender el arresto de los desertores ultraortodoxos, sus grandes aliados en la coalición, ni en la del día anterior para designar el estudio de la Torá como un valor fundamental del Estado, protegiendo de nuevo las demandas de sus socios religiosos. Estas dos leyes han sido diseñadas para perpetuar la exención masiva de los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio en Israel. El Tribunal Supremo ha suspendido la ley que prohibía el arresto de los desertores jaredíes y prevé una audiencia urgente sobre las peticiones en su contra.
[–>[–>[–>Sin salvaguardias democráticas
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La fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, contra quién el gobierno de Netanyahu tiene declarada una guerra abierta, declaró a principios de mes frente al Tribunal Supremo que, en lo que va de año, sólo 16 judíos ultraortodoxos que evadieron el servicio militar han sido detenidos. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, tachó el lunes la propuesta legislativa de «inconcebible» y «claramente incompatible con las necesidades» de las fuerzas israelíes, ya que «otorgaría exenciones masivas de enjuiciamiento». Hay unos 72.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años que cumplen los requisitos para el servicio militar, pero no se han alistado. Gran parte de la población, incluidos los reservistas y los asesores jurídicos de la Knesset, se oponen a la ley.
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Desde la oposición, también se ha criticado duramente la nueva legislación aprobada relativa al cargo de fiscal general. Junto con expertos legales y otros organismos de control de la buena gobernanza, denuncian que el objetivo de la ley es eliminar una de las pocas limitaciones existentes al poder ejecutivo. Al limitar los poderes a esta institución, se otorgaría a la mayoría electa carta blanca para actuar con libertad, independientemente de la legalidad, dentro de un sistema político que ya carece de las salvaguardias institucionales comunes en otras democracias. «Establece un precedente peligroso en el que el gobierno se sitúa por encima de la ley y elude la obligación más básica de un estado democrático: actuar exclusivamente dentro de los límites de la ley», afirma Gadi Eisenkot, líder de Yashar, que lidera las encuestas por encima del Likud de Netanyahu.
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