El Parlamento israelí ha aprobado la creación de un tribunal militar especial para juzgar a cientos de personas presuntamente involucradas en los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que abandonaron unos 1.200 muertos y unos 250 secuestradosSegún el balance de las autoridades israelíes, algunos de ellos podrían enfrentarse a la pena de muerte. Lo ha hecho con 93 votos a favor de los 120 legisladores de la Knesset, según el diario ‘The Times of Israel’, que añade que los juicios serán públicos y retransmitidos, algo poco habitual en el país.

El Ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, Se ha referido a esta aprobación como «uno de los momentos más importantes de la actual Knesset», asegurando que con ella «se hará justicia y la historia de esta terrible masacre se contará al mundo entero durante generaciones». La oficina de una de las promotoras de este proyecto de ley, Yulia Malinovsky, ha estimado el número de acusados ​​en más de 300, entre los que se encontrarían presuntos miembros de la Nukhba, el brazo armado de Hamás.

Entre los cargos que serán juzgados en este tribunal que estará ubicado en Jerusalén se encuentran ataques contra el pueblo judío, así como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre las voces de oposición al proyecto destaca el diputado árabe-israelí Ahmad Tibi, quien ha asegurado que él mismo ha perdido a familiares en Gaza y no utiliza este tipo de acontecimientos «con fines políticos» ni busca «venganza».

Hamaás critica una legislación «fascista y racista»

Por su parte, Hamás ha criticado Legislación «fascista y racista» aprobado por la Knesset, que calificó como «una escalada peligrosa» y «un nuevo crimen que se suma a la larga historia de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de la ocupación contra el pueblo palestino». «Afirmamos que esta ley es nula y que constituye una violación flagrante de todas las leyes y los convenios internacionales, especialmente los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario», afirmó, al tiempo que señaló que los poderes otorgados a los tribunales militares «revelan el carácter vengativo y racista del sistema de ocupación».

Así, el grupo islamista ha subrayado que esta legislación «confirma los intentos del Gobierno fascista de ocupar legitimar el asesinato de prisioneros palestinos y convertir a los tribunales en herramientas de venganza y abuso, alejadas de cualquier estándar de justicia o de un juicio justo», según el periódico palestino ‘Filastin’. «Esta legislación refleja también los esfuerzos de la ocupación por impedir cualquier vía para un intercambio de prisioneros, excluyendo explícitamente a los prisioneros de la ‘Inundación de Al Aqsa’ -nombre que el grupo da a los atentados del 7 de octubre de 2023-«, argumentó.

Por ello, Hamás ha alertado de las «graves repercusiones de esta ley racista» y ha añadido que «la política de terrorismo y la legislación fascista no podrá doblegar la voluntad del pueblo «Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional (CPI), al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos a cumplir con sus responsabilidades legales y morales y tomar medidas inmediatas para detener y derogar esta legislación penal», subrayó. ++

En este sentido, ha llamado a la comunidad internacional a «hacer responsables a los líderes de la ocupación por sus crímenes contra los prisioneros palestinos y proporcionarles protección internacional». «El silencio de la comunidad internacional ante estas políticas racistas lleva al gobierno ocupante a persistir en sus crímenes y violaciones»; Ha remachado La luz verde a la creación de este tribunal llega después de que el Parlamento israelí aprobara un proyecto de ley que prevé la pena de muerte para los palestinos. condenado por asesinato en casos de «terrorismo»una norma que sólo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que sólo juzgan a acusados ​​palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.