John Müller: La lista de leales
La existencia en la Casa Blanca de una clasificación de lealtad comercial hacia la administración Trump, como lo explica Axios, es un escándalo en un país democrático. Esta base de datos clasifica a más de 500 empresas de acuerdo con su grado de soporte para el ‘uno … Big Beutiful Bill ‘. El criterio de valoración no es su solvencia económica ni su capacidad de innovación, sino el entusiasmo con el que han defendido la agenda del presidente: comunicaciones, mensajes en redes sociales, participación en eventos oficiales, anuncios, declaraciones de gerentes. Todo agrega o resta puntos.
A primera vista, puede parecer un área natural del cabildeo. Pero esta herramienta no busca monitorear el comportamiento corporativo: sirve para condicionar el tratamiento futuro que las empresas recibirán del gobierno federal. Quién era, que silenció, quien se puso en perfil. Política convertida en un mercado de adhesión.
El paralelismo con el sistema de ‘crédito social’ promovido en China es inevitable. En ese caso, el objetivo es dar forma al comportamiento de los ciudadanos a través de incentivos y sanciones asociadas con su puntaje digital. En los Estados Unidos, el enfoque se transfiere a las empresas, pero la lógica subyacente es la misma: la conformidad de la recompensa, castigar la disidencia. Es una forma de disciplina suave, pero no menos efectiva.
De hecho, hay signos preocupantes de una deriva estructural hacia los modelos de capitalismo bajo la tutela estatal. La reciente autorización para vender chips H20 a China a cambio de una participación directa del gobierno en los beneficios es una muestra clara de esta evolución. Washington comienza a imitar prácticas que previamente denunciaban en otros regímenes.
Lo más inquietante es que este tipo de dinámica también se han normalizado en las democracias liberales. En España, sin continuar, la agencia fiscal publica anualmente una lista de delincuentes con el Tesoro, una medida presentada en 2015 por el entonces Ministro de Finanzas Cristóbal Montoro, bajo un gobierno del Partido Popular. La intención declarada es la disuasión, pero el efecto real es el desprecio público. No importa si la deuda es apelada o en litigio: la inclusión funciona como una puntuación social institucionalizada.
En todos estos casos, la energía adopta la lógica del algoritmo para expandir su capacidad de control. Se construyen indicadores, clasificaciones, clasificaciones. Y con él hay una realidad: compañías leales, cálidas, críticas. Ante este panorama, la defensa de una esfera pública plural se vuelve más urgente que nunca. No se puede permitir que las democracias normalicen herramientas que conviertan la adhesión en mérito y crítica a los pasivos reputacionales. Porque hoy se mide el entusiasmo por una ley fiscal, pero mañana podría ser antes de una decisión judicial, una política exterior o una crisis social. La verdadera prueba de una democracia no es cuánto recompensa a quienes aplauden, sino cómo protegen a quienes no están de acuerdo. jmuller@abc.es
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